Múgica denuncia el mal estado de los centros de internamiento de inmigrantes

Los Centros de Internamiento de Extranjeros, destinado a aquellos inmigrantes que están a la espera de su retorno o expulsión del territorio español siempre que lo autorice un juez, no reúnen las condiciones exigibles de habitabilidad, según se desprende del Informe de 2000 del defensor del Pueblo, Enrique Múgica, que presentará en la Comisión Mixta Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer. Esta crítica se mantiene también para el año en curso, ya que el defensor asegura que se han realizado visitas al finalizar el año 2000 a los centros de Barcelona, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria y Málaga, y sigue detectando graves deficiencias que 'sólo pueden subsanarse mediante la construcción de centros nuevos'.

El defensor subraya que las carencias mencionadas son 'especialmente relevantes' en los centros de Madrid y Barcelona, que se encuentran 'ubicados en unos sótanos sin luz natural ni suficiente ventilación, con escasez de duchas y de espacios comunes'. Si bien reconoce que la Administración ha realizado determinadas obras de mejora, el defensor señala que 'es la propia concepción de estos centros de internamiento la que no se adapta al espíritu que preside la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero [ley de Extranjería], ni a su reglamento de desarrollo' ni a la orden ministerial de 22 de febrero de 1999 sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de inmigrantes. 'Su estructura, configurada como calabozos policiales, hace especialmente aflictiva la privación de libertad que el internamiento supone', indica.

La citada ley de Extranjería, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, permite por primera vez en el ordenamiento español el ingreso en centros de internamiento de personas que vayan a ser objeto de expulsión cuando ésta haya de efectuarse en un plazo superior a 72 horas.

Por el contrario, el defensor del Pueblo reconoce el esfuerzo realizado por la Administración el pasado año respecto a la acogida a inmigrantes que entran en España de forma ilegal por puestos no habilitados, y que se traduce en la creación de Centros de Acogida Temporal de Extranjeros, en los que permanecen con carácter voluntario a la espera de la decisión que se tome ante su situación en España. El defensor observa una situación aceptable en los centros de Ceuta y Melilla, pero insta a los organismos competentes a agilizar los trámites de documentación de estos extranjeros. La situación, sin embargo, en más preocupante en en el centro de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha convertido de centro temporal en centro meramente asistencial, sin infraestructura suficiente, lo que origina graves tensiones internas.

En el centro de Las Palmas, el defensor también ha constatado un nuevo fenómeno consistente en la inmigración de mujeres, y no existen dependencias para atender a las que llegan embarazadas y allí mismo tienen sus hijos. Estas mujeres, por el momento, están siendo acogidas desinteresamente por familias que les prestan ayuda.

El defensor visitó durante el año 2000 los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote al objeto de supervisar el cumplimiento de la nueva normativa, así como la situación de las instalaciones destinadas a albergar a los extranjeros rechazados en frontera. Al advertirse algunas diferencias en las prácticas administrativas y puntuales deficiencias en la motivación de resoluciones, el defensor ha reafirmado la necesidad del 'cumplimiento escrupuloso' de las garantías del procedimiento y, en particular, sobre la asistencia letrada desde la primera declaración.

Aeropuerto de Barcelona

En cuanto a las instalaciones, el informe señala que las deficiencias más importantes corresponden a la sala de rechazados del aeropuerto de Barcelona, 'que no reúne en absoluto las condiciones mínimas para la estancia de las personas ni en lo relativo a su higiene ni en cuanto a su dotación y conservación'.

El informe señala asimismo que la peculiar situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha originado un fenómeno específico consistente en la existencia de niños procedentes de Marruecos que deambulaban en presunta situación de desamparo. El defensor del Pueblo constata que los centros de menores están saturados, y no existe centro alguno de reforma, siendo la perspectiva de entrada de menores de aumento creciente. Esos menores, procedentes de familias rotas e incluso consumidores de drogas, carecen de hábitos sociales, con graves problemas de conducta e integración. Además, el Cuerpo Nacional de Policía de Ceuta presta poca atención a los menores que transitan por las calles, al parecer por no contar con los efectivos necesarios, señala el informe.