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Alperi subvencionó con 50 millones a empresarios de los pagos inflados

Empresas de una misma matriz obtienen 'a dedo' cientos de millones

Poco después de acceder al poder local, el equipo de gobierno de Alicante que preside el popular Luis Díaz Alperi, subvencionó con 50,5 millones de pesetas a una fundación de nuevo cuño -empezó sus actividades antes de que el pleno municipal las autorizara- en la que al menos dos de sus patronos resultan ser empresarios a los que la Concejalía de Cultura ha facturado a dedo cientos de millones de pesetas y ha pagado, según la oposición, precios muy inflados por sus servicios.

La oscura gestión del edil de Cultura en el Ayuntamiento de Alicante, Pedro Romero Ponce, quien fuera tesorero del PP en Alicante cuando Zaplana se encumbró al poder merced a la tránsfuga Maruja Sánchez, se remonta a mediados 1995, cuando los populares conquistaron por primera vez la alcaldía en la ciudad de Alicante. Empresarios proveedores de servicios al Ayuntamiento, ahora cuestionados por cobrar sobreprecios en los contratos de las Noches del Castillo -unas cenas espectáculo que organiza cada verano el Patronato de Cultura en la fortaleza de Santa Bárbara- y por obtener contratos por cientos de millones de pesetas sin concurso público, obtuvieron una subvención directa de 50,5 millones de pesetas a través de la Fundación de Estudios Medievales Jaume II, creada al pairo de la asunción del PP del gobierno municipal.

El pleno municipal validó esta fundación de nuevo cuño -inscrita en noviembre de 1995- en abril de 1996, tres meses después de que iniciara sus actividades. Esta fundación organizó Las Noches del Castillo entre 1996 y 1999 y se encarga de gestionar el mercado medieval que cada año se instala en la casco antiguo de Alicante a finales de junio. Aunque en el año 2000 la fundación dejó de organizar formalmente las veladas en el Castillo de San Bárbara, los gestores del evento fueron los mismos, ya que patronos de la fundación coinciden con los empresarios que obtuvieron la adjudicación directa de los contratos.

En el transfondo de la polémica subyacen dos nombres propios: el edil de Cultura, Pedro Romero, y el empresario Pedro Picatoste, dueño de una empresa de publicidad que ha diversificado el negocio a costa de la Concejalía de Cultura. En la inmensa mayoría de contrataciones directas de la concejalía aparece como adjudicataria alguna de las empresas vinculadas a este empresario, todas ellas, salvo la matriz, creadas a partir de que el edil Romero tuviera mando en plaza.

Las empresas controladas por Pedro Picatoste se han convertido en una extensión muy activa de la Concejalía de Cultura, hasta el punto de que éstas han facturado varios millones de pesetas a otras firmas por patrocinar actividades de ese departamento.

Ante el escándalo, Pedro Romero ha hecho dos cosas: anunciar que va a cambiar su peculiar sistema de contratación y forzar a todos sus compañeros de grupo, incluido el alcalde, a firmar un documento como aval a su gestión.

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