Manzanares defiende su actuación con los presos y culpa a la Generalitat

La culpa la tuvo la Generalitat. Esa es la tesis que el ex juez de vigilancia penitenciaria José Ramón Manzanares expuso ayer para defenderse de la acusación de prevaricación que le imputa el fiscal y por la que le pide más de 17 años de inhabilitación por retrasar o impedir los permisos de Navidad de los presos en 1998. 'En la cárcel de Quatre Camins existía un desbarajuste y un absoluto desgobierno', afirmó Manzanares para justificar su actuación.

Manzanares declinó el ofrecimiento de su abogado, Cristóbal Martell, de declarar con toga y junto a él. El interrogatorio del fiscal no fue agresivo, y de igual modo el acusado no respondió con vehemencia. Siempre pidió permiso para extenderse en sus explicaciones y a menudo empezaba respondiendo 'permítame el señor fiscal'.

Al oír sus respuestas nadie diría que el interrogado pudo haber generado con su actuación como juez durante la década de 1990 tantas quejas de abogados, fiscales, presos, familiares, la propia Generalitat, la Audiencia de Barcelona y hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Por ese motivo, Guillem Vidal, presidente del TSJC, rechazó en su día formar parte del tribunal que juzga a Manzanares. El propio juez, actualmente suspendido cautelarmente por el Poder Judicial, explicó que en octubre de 1998 dedicaba cinco horas diarias a dictar resoluciones contestando a las quejas que le planteaba el Departamento de Justicia por sus actuaciones.

Derechos de los presos

En resumen, Manzanares sostuvo que lo único que pretendió con su actuación fue velar por los derechos de los presos, quienes 'no tenían la culpa del desbarajuste' que había en la cárcel en aquella época -entre 1997 y 1998- por culpa del equipo directivo. Paradójicamente, en sus ocho años como juez de vigilancia, Manzanares se labró fama de no tener en cuenta esos derechos -algún recluso murió de sida en la cárcel porque no le dejó salir-, de cuestionar abiertamente la función resocializadora de la prisión y de hacer caso omiso de las resoluciones contrarias a sus tesis que dictaba la Sección Novena de la Audiencia.

En esa línea es en la que el fiscal considera que deben entenderse las tres supuestas actuaciones prevaricadoras de Manzanares: reclamar originales o copias compulsadas de los expedientes de los presos, permitir al recluso presentar alegaciones a los informes emitidos por la cárcel, aunque fuesen favorables al permiso, y reclamar el plan de tratamiento del interno.

El fiscal aseguró ayer que alguna de esas decisiones no las había adoptado ningún juez de Cataluña e incluso de España y que en la práctica acabaron perjudicando a los presos. El juez sólo resolvió 95 de los 242 permisos navideños solicitados, según la acusación, y situó la cárcel de Quatre Camins en una situación cercana al motín. Para evitarlo, Justicia concedió 90 permisos de 48 horas sin autorización judicial, al amparo de lo que permite la ley.

Pero Manzanares, que fue funcionario de prisiones antes que juez de vigilancia penitenciaria, admitió sin reparos que 'no se fiaba' de los informes que le enviaban de Quatre Camins y que por eso pidió tanta documentación. También aseguró que cada año acudía a la cárcel a impartir una charla invitado por el sindicato de prisiones más retrógrado de aquella época. La estancia incluía comida y cena en la prisión.

Manzanares declaró también que 'nunca hizo ninguna consideración', hacia la direccción de Quatre Camins, aunque el director de esta cárcel, Josep Font, dijo todo lo contrario al tribunal y relató que el nivel de presión que ejerció el juez era 'tremendo', hasta el punto de sentirse 'acosado' y de tenerle miedo.

El juicio continuará hoy con la declaración de Ignasi Garcia Clavel, ex director general de Servicios Penitenciarios y Rehabilitación de la Generalitat, solicitada ayer por el fiscal.