Más científicos, pero no bastantes

El informe anual del Alto Consejo Consultivo (ACC) de la Generalitat para la investigación, que preside el profesor Santiago Grisolía, considera que los indicadores de Investigación y desarrollo (I +D) de la Comunidad Valenciana han mostrado 'una senda positiva' en las dos últimas décadas. Sin embargo, tal constatación viene matizada por otra menos alentadora: en relación con las demás comunidades autónomas, 'sigue ocupando en 1999 el duodécimo puesto, es decir, el mismo que en 1987', en número de investigadores respecto a la población activa. Y eso es así a pesar de que la proporción de investigadores se ha multiplicado, en ese mismo periodo, a un ritmo superior a la media española.

'Esta situación mejora', señala la Propuesta de informe a la que ha tenido el acceso EL PAÍS, 'si se toma en consideración el gasto en I+D respecto al PIB' (Producto Interior Bruto), cuya evolución permite decir que 'se ha pasado de una undécima a una séptima posición en el transcurso de dicho periodo'. Esta consideración contrasta, aparentemente, con los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), según el cual el 0,62 % de gasto en I+D respecto al PIB de la Comunidad Valenciana, la llevaría a ocupar un octavo lugar en el contexto autonómico, compartido con Castilla y León.

El ACC constata que, aunque en los últimos años 'el personal empleado por las empresas en I+D ha intensificado en seis puntos la participación de este sector en el total', el peso respecto al gasto ejecutado por las empresas permanece igual, es decir en un nivel 'inferior a la media europea'. Tal situación lleva al ACC a subrayar una recomendación: 'El hecho de que sea el sector público, y especialmente la enseñanza superior, el motor principal del cambio en los años noventa, arroja nuevos motivos de inquietud que obligan a intensificar los esfuerzos para acertar en la adopción de medidas incentivadoras de la iniciativa privada'.¿Por qué unos rectores que han sido elegidos democráticamente según la legislación todavía vigente han de dimitir al promulgarse la LOU? ¿Ignora el Ministerio que los procesos electorales sucesivos ralentizarían el buen funcionamiento de las universidades? ¿Qué pretende realmente el Gobierno? Con los datos de que disponemos, amable lector o lectora, parece que al Gobierno lo que más le preocupa es doblegar a los rectores. Pese a la retórica en torno a la calidad de la enseñanza y la transparencia en la gestión, la dinámica en la que nos ha embarcado la ministra Del Castillo recuerda demasiado aquel autoritarismo tan castizo de aquí mando yo y no sabe usted con quien está hablando.

Si por cuanto hace a la calidad ya hemos dicho que estamos en el mejor momento de la historia universitaria española y si esta institución tiene más controles de gestión que cualquier otra (oficinas de control interno, auditorías de los gobiernos autónomos, sindicaturas de cuentas, consejos sociales), ¿qué pretende entonces el Gobierno? Desde luego, algo falla cuando la autoridad política insiste en estos asuntos y, en cambio, se niega a abordar el tema de la financiación. Y éste sí es un asunto capital si realmente queremos seguir mejorando nuestra enseñanza superior.

La sociedad, usted amigo lector, usted amiga lectora, sostiene económicamente a la universidad con sus impuestos. Así pues, todos tenemos derecho a saber si nuestro dinero es o no socialmente productivo. Debemos ser informados de las titulaciones cada vez más diversificadas que la universidad imparte (son ya 158), de la cantidad y la calidad de los egresados universitarios, de la idoneidad y la competencia del personal docente e investigador. La Constitución de 1978 consagra el principio de la autonomía universitaria, pero esa autonomía no es una patente de corso. La Universidad debe rendir cuentas a la sociedad que la mantiene y a la que se debe como servicio público que es. Por eso es fiscalizada y controlada como ningún otro servicio público.

El Gobierno ha elaborado la LOU, una ley que propone un modelo más tecnocrático y casi gerontocrático de universidad. Un modelo en el que el universitario en general se convierte en un votante pasivo y el estudiante en particular en un cliente. Un modelo arbitrista que nace de la desconfianza y que desemboca en el autoritarismo. ¿No sería mejor que, en vez de castigar a los rectores, el Ejecutivo tuviera en cuenta los razonados y razonables argumentos de la CRUE? ¿No sería mejor tomarse el tiempo necesario para elevar el nivel de consenso, y evitar así que una ley tan importante pareciera un simple trágala? Aún estamos a tiempo.