50.000 folios fueron robados y borrados entre el 5 de julio y el 2 de agosto
Los 15 sumarios robados, 13 de ellos de causas contra Jesús Gil, suponen unos 50.000 folios. Han desaparecido sin dejar rastro. El borrado informático sí dejó huellas: en el Juzgado de Instrucción número 7 se produjo los días 4 y 5 de julio, entre las 9.00 y las 10.00 horas, y en el Juzgado número 1 se realizó el 27 de julio y 2 de agosto. En el 5 no se borraron ficheros.
Los servicios técnicos de la Junta de Andalucía establecieron las fechas fuera de toda duda, los dos ordenadores desde los que se borraron los archivos y las dos claves que se utilizaron. Esto no implica necesariamente que fueran dos personas distintas, porque los funcionarios suelen conocer las claves de sus compañeros o pueden utilizar un ordenador que esté abierto mientras su usuario habitual no esté presente.
La primera desaparición fue detectada por una funcionaria el 17 de julio. Dos días después, la misma persona echó en falta otro archivo y a principios de agosto varios más. El escándalo saltó a la opinión pública el pasado 10 de agosto, un día después de que el magistrado Antonio Ruiz Villén, en comisión de servicio en el Juzgado número 5, presentara una denuncia porque una funcionaria encontrara en una escalera que conducía al archivo algunos folios del sumario del caso de la estatua rusa, que instruía este juez contra Jesús Gil y algunos de sus colaboradores.
El Consejo General del Poder Judicial abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades de los jueces y secretarios afectados por el robo y anunció medidas para mejorar el funcionamiento de los Juzgados de Marbella, tradicionalmente muy conflictivos. La investigación no determinó ninguna negligencia.
La causa empezó a ser instruida por la juez Blanca Esther Díez, que en 1993 había denunciado sin éxito varios casos de corrupción en estos Juzgados. Sin embargo, Díez abandonó semanas más tarde, sin que hayan trascendido las causas de su abstención. El caso recayó entonces, por turno, en la magistrada María José Rivas, titular del Juzgado número 3, que esta mañana debía interrogar al agente judicial fallecido anoche. Para las acusaciones personadas en las causas desaparecidas, una de las grandes decepciones ha sido la negativa del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, a que intervenga en el caso la Fiscalía Anticorrupción.
