El TSJA condena a la Diputación jiennense por suspender a un aparejador

El equipo de gobierno socialista de la Diputación de Jaén ha recibido un nuevo varapalo jurídico al ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por vulnerar los derechos fundamentales de un aparejador que fue suspendido de empleo y sueldo por negarse a firmar los expedientes de nueve proyectos de obras al detectar irregularidades en ellos.

Se trata de la cuarta sentencia que da la razón a afiliados de la Asociación Sindical Independiente (ASI) -que ganó otros pleitos menores-, por lo que el PP instó ayer al presidente, Felipe López (PSOE), a que abandone su 'prepotencia' con un sindicato con el que 'se siente incómodo por no someterse a sus directrices'.

El PP, cuyo portavoz en la Diputación es Enrique Fernández de Moya, ha pedido la creación de una comisión de investigación donde se estudien con detalle los nueve expedientes de obras en otros tantos municipios de la provincia. Según afirmó ayer en una conferencia de prensa el diputado popular Miguel Ángel García Anguita, el aparejador que fue sancionado, Gerardo Aparicio -que era supervisor del servicio de obras-, se negó a visarlas porque su presupuesto no se ajustaba a los precios públicos que regían en 1991, año en el que se redactaron los proyectos.

La Diputación pagó, según añadió el diputado del PP, entre un 20% y un 25% más, cantidades que habría detraído de otras partidas presupuestarias. Por ello, desde el grupo popular se considera que se ha podido incurrir en presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. 'Estos expedientes deben ser depurados', exclamó García Anguita.

El aparejador, afiliado de ASI, denunció las supuestas irregularidades en 1999 cuando ya había sido relevado de su puesto de supervisor de obras para pasar a ocuparse del banco documental y bibliográfico del área técnica de la Diputación.

Poco después, el área de Personal le abrió expediente y le suspendió cautelarmente de empleo y sueldo por entender como 'gravísimas' sus declaraciones en las que acusaba a responsables del ente provincial de amparar irregularidades administrativas, falsedad documental y otros actos ilícitos, según la versión del portavoz del equipo de gobierno socialista, Moisés Muñoz, que incluso deja abierta la puerta a una posible querella contra el aparejador.

El funcionario sólo permaneció suspendido de empleo y sueldo durante mes y medio al levantarle la sanción el Juzgado de lo Social de Jaén. La Diputación recurrió ante el TSJA, que, en sentencia del 26 de septiembre, le ha dado la razón al aparejador por considerar que la suspensión de empleo y sueldo 'no estaba motivada' y era 'desproporcionada' por entender que el aparejador podía seguir en su puesto mientras se tramitaba el expediente sancionador.

'Actitud barriobajera'

El vicepresidente de la Diputación y portavoz socialista, Moisés Muñoz, se mostró ayer sorprendido por la actitud 'oportunista y barriobajera' del PP, por cuanto, según precisó, la oposición recibió en junio documentación de los expedientes de obras cuestionados 'y no han encontrado ningún indicio de irregularidad', de ahí que no vea necesaria crear ahora una nueva comisión de investigación.

Además, Muñoz destacó que en ningún caso se ha condenado a la Diputación por vulnerar derechos fundamentales de un trabajador, sino que sólo se ha apreciado falta de motivación para decretar la suspensión cautelar de empleo y sueldo contra el aparejador.

Ésta es la cuarta sentencia condenatoria de la Diputación contra un afiliado del sindicato ASI, aunque se trata de la primera firme procedente del TSJA. Ayer, el PP instó al gobierno socialista a 'reflexionar' sobre el 'rosario de incompetencias' en el área de Personal, pues considera que todas las sanciones tienen por objeto 'represaliar' a los sindicalistas 'que no se someten a sus directrices'. Además, García Anguita afirmó que su grupo no está de acuerdo con la utilización de dinero público para costear la defensa jurídica de la Diputación.

El sindicato ASI, que sí interpreta la sentencia como condenatoria por violación de derechos fundamentales, ya ganó en el Juzgado de lo Social de Jaén los recursos por la suspensión de empleo y sueldo de un año y medio que sufrieron su presidente y vicepresidente, Juan Muñoz y Víctor Manuel Aspás, respectivamente, por considerar como falta grave su implicación en un artículo publicado en el boletín del sindicato donde se criticaba la subida del sueldo del ex gerente de Personal, Francisco Navarro.