CiU y PP impiden que la delegada del Gobierno explique la carga contra los antiglobalización

Los votos de Convergència i Unió y el Partido Popular impidieron ayer que la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García Valdecasas comparezca en el Parlament para informar sobre la actuación policial en la manifestación antiglobalización del pasado 24 de junio en Barcelona y que se saldó con 22 detenidos, 32 heridos e importantes altercados en el centro de la ciudad.

La Comisión de Justicia y Seguridad Ciudadana del Parlament debatió dos propuestas de ERC e IC-V para que Valdecasas compareciese ante esta comisión para explicar lo que definieron como una actuación policial 'desproporcionada, desafortunada y vergonzante', según palabras de sus portavoces, Joan Ridao y Rafael Ribó, respectivamente. No obstante, los 14 votos de CiU y PP se impusieron a los 10 de ERC, IC-V y PSC, partido este último que apoyó la comparecencia aunque optó por una fórmula mucho más suave al pedir que la delegada del Gobierno sea 'invitada' al Parlament.

Ridao recriminó que muchos de los agentes que intervinieron en las cargas policiales procedían de fuera de Cataluña 'y estaban preparados para actuar contra la kale borroka y, por lo tanto, desconocen la idiosincrasia de una manifestación en Cataluña'. El político republicano llegó a afirmar que la policía fue la 'provocadora'. Por su parte, Rafael Ribó calificó de 'brutal' la carga contra los manifestantes.

El diputado del PP, Daniel Sirera, por el contrario, recordó a los grupos de izquierda que tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat calificaron de 'correcta' la actuación policial, por lo que creyó innecesaria la comparecencia de García Valdecasas, cuya tarea apoyó.

Proceso a Puig Antich

El Parlament también aprobó, con la única abstención del PP, una proposición no de ley de Esquerra por la que se solicita al Gobierno catalán que inste a la revisión de la sentencia que condenó a muerte a Salvador Puig Antich. En la anterior legislatura ya fue aprobada por unanimidad una propuesta similar de los republicanos que se extendía a otros procesos contra luchadores antifranquistas que fueron condenados a muerte.

La revisión de estos procesos sólo puede llevarse a cabo a través de una orden del Ministerio de Justicia a la Fiscalía del Tribunal Supremo o de la familia de los afectados. La nueva iniciativa aprobada incluye, pues, la posibilidad de que la Generalitat 'auxilie con todos los medios a su alcance' a los familiares de Puig Antich en el caso de que deseen presentar el recurso de revisión, es decir, que el Gobierno catalán pague las costas procesales.

CiU y PP también rechazaron una proposición de IC-V para que el Ministerio del Interior ponga fin al déficit de policías y guardias civiles en Cataluña, cifrado en unos 1.800 agentes.