El Gobierno se hará cargo de los ancianos de las dos residencias cerradas

La Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad se hará cargo de los internos de las dos residencias de ancianos que ha ordenado clausurar en Colmenar Viejo (por su falta de higiene y precarias instalaciones) que no tengan familiares que se ocupen de ellos, según anunció ayer Francisco Panadero, secretario general técnico de la consejería. 'Los trabajadores sociales están intentando localizar a los familiares de los internos. Calculamos que el 20% [unas 10 personas] no tiene a nadie. Si se confirma este dato, el Gobierno se hará cargo de ellos. Intentaremos trasladar a todos juntos a una residencia de la Comunidad. Queremos que cualquier decisión sea lo menos traumática posible', explicó. En los dos centros expedientados viven 48 ancianos que pagan entre 135.000 y 150.000 pesetas al mes.

El expediente sancionador por el cual se clausuran estas dos residencias privadas de Colmenar -Santa Rosa de Lima, situada en el número 14 de la calle de Prim, y La Milagrosa, en la calle del Reloj, número 1- entro en vigor ayer. El cierre es producto de una inspección que detectó graves carencias en los centros: la higiene era escasa, las instalaciones insuficientes y los ancianos estaban atendidos por trabajadores inmigrantes sin papeles y no cualificados.

'Lo normal en estos casos es tener un plazo de unos 15 días desde que se decreta la suspensión hasta que se notifica a los familiares la situación y éstos se hacen cargo de sus mayores', informó Panadero. 'De todas formas, la salud de los internos no corre peligro; si hubiese sido así, se hubiera cerrado de inmediato los locales', añadió.

La inspección se ha realizado de forma nuy rápida gracias a la denuncia de tres trabajadores sin papeles que fueron contratados por los propietarios de los centros, Isabel Dosantos Prada y Rubén Pablo Aquino Morales. Esta denuncia provocó la intervención de la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid, que actuó de manera conjunta con las consejerías de Servicios Sociales y de Sanidad. Según el informe policial, la situación era insostenible: 'Los alimentos estaban mezclados con medicamentos, algunos de éstos caducados y ninguno de los trabajadores tenía la titulación necesaria'.