Nuevas tormentas sobre Cantábrico

Si Bruselas autoriza la entrada de Électricité de France (EdF) a través de la alemana EnBW en Hidrocantábrico, Electricidade de Portugal (EDP) tendrá que optar entre conformarse con ser socio minoritario en la asturiana o replantear su estrategia en España, donde su ex aliada Iberdrola no ha cejado en hacer valer su presencia en el accionariado de la compañía lusa.

El consorcio hispanoalemán Ferroatlántica-EnBW aún habrá de superar el veto del ministro de Economía, Rodrigo Rato

Bruselas podría autorizar el próximo miércoles la entrada de EdF, a través de su participada alemana EnBW, en Cantábrico

Hidroeléctrica del Cantábrico, la cuarta compañía eléctrica española, sigue inmersa en la interinidad y en la idefinición de su futuro inmediato al cabo de 19 meses desde que se desencandenara sobre ella, en marzo de 2000, la oleada sucesiva de cinco ofertas públicas de adquisición (OPA), en la más enconada de las operaciones internacionales de dominio de una compañía española que se recuerda. Los nuevos accionistas mayoritarios de la compañía asturiana -el consorcio hispano-alemán formado por Ferroatlántica y Energie Baden-Württemberg (EnBW), esta última bajo dominio de la francesa EdF, titulares desde mayo pasado del 59,66% de la compañía, y la portuguesa EDP, que comparte desde entonces con Cajastur el 19,26%- siguen apartados de la gestión, ahora en manos provisionalmente de la Caja asturiana merced al 15% que esta entidad financiera poseía en Cantábrico con anterioridad a su alianza con EDP.

Todo apunta a que la Comisión Europea podría autorizar el próximo miércoles la entrada del cuasimonopolio estatal francés EdF, a través de su participada alemana EnBW, en Cantábrico. Esta decisión, de producirse, despejará no pocas incógnitas y supondrá una contribución notabílisima para que se restablezca la normalidad en la eléctrica asturiana. Pero ni tan siquiera la anuencia comunitaria disipará todas las incertidumbres. Queda por saber si el Gobierno español mantendrá el veto -lo que empezaría a ser cada vez más difícil si las autoridades comunitarias dan su consentimiento a EnBW-EdF- y se desconoce si la portuguesa EDP, con vocación de dominio en Cantábrico, está dispuesta a permanecer en tal caso como socio minoritario en la eléctrica del Principado.

Lo que ocurra en Cantábrico -es decir, de cómo quede finalmente el reparto de poder en la sociedad y de la decisión de EDP de desinvertir o no en la eléctrica asturiana si Ferroatlántica-EnBW son autorizados a ejercer con plenitud el 59,66% que poseen en la sociedad- va a condicionar el dibujo definitivo del sector energético en la península Ibérica. Porque EDP no está dispuesta a renunciar al mercado español y porque su ex aliada Iberdrola, la segunda eléctrica española, propietaria del 4% de EDP, no ha cejado en el empeño de hacer valer su posición en la eléctrica portuguesa. Aun lo explicitó en agosto cuando EDP le impidió renovar su presencia en su consejo de administración. Pero, además, el Gobierno de Lisboa se ha comprometido formal y oficialmente a privatizar a medio plazo el 30% del capital de EDP que aún sigue, directa e indirectamente, en poder del Estado. Y ello hace abrigar nuevas esperanzas a Iberdrola en su aspiraciones sobre la compañía y el mercado lusos.

Si la Comisión Europea accede a la recomendación del comisario de la Competencia de tolerar la entrada de EdF en Cantábrico a través de su participada alemana EnBW, una vez que Francia se ha comprometido a acrecentar la interconexión eléctrica hispano-francesa a través de los Pirineos, el consorcio hispano-alemán formado por Ferroatlántica (grupo Villar Mir) y EnBW aún habrá de superar el veto del ministro de Economía, Rodrigo Rato, quien en mayo suspendió los derechos políticos de este consorcio en aplicación de una disposición adicional de la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de 2000 que permite al Ejecutivo impedir el dominio en sectores liberalizados en España por grupos de titularidad pública de países con mercados protegidos. De hecho, EDP, que dispone del consentimiento comunitario desde antes del verano, aún no ha logrado que Rato le levante el veto, acaso porque el Gobierno español pretenda decidir simultánemente sobre las dos operaciones y esté aguardando al pronunciamiento definitivo de la Unión Europea sobre EnWB-EdF.

Pero, de autorizar la Comisión a este grupo franco-alemán a estar en Cantábrico, como ya hizo con EDP, el ministro español de Economía va a tener muy difícil impedir a ambos ejercer sus derechos en la eléctrica asturiana porque, de hacerlo, quedaría expuesto a un contencioso en el marco de la Comunidad alentado por los grupos perjudicados, que problamente exigirían indemnizaciones por los daños causados. Máxime cuando el comisario de la Competencia, Mario Monti, ha anunciado la apertura de una investigación sobre la norma española por si constituyera una violación de los principios comunitarios de libertad de capitales y de mercado entre los socios de la Unión.

Problemas para Rato

Además, la reciente venta por Endesa de su filial Nueva Viesgo a la italiana Enel, controlada por el Estado italiano en un 67%, acrecienta el problema para Rato. El Gobierno socialista asturiano ya ha dicho que no cabe hacer discriminaciones entre los socios de Cantábrico y Enel si todos ellos tienen participaciones públicas de sus Estados respectivos y ha acusado al Ministerio de Economía de perjudicar a Cantábrico en la puja por Viesgo, a la que también aspiraba la eléctrica asturiana.

Con la toma de control de Viesgo (que supone el 3% del sector eléctrico español), Enel se convierte en el quinto operador en el mercado español, pero sus responsables acaban de decir que aspiran a convertirse muy pronto en el tercero, por delante de Cantábrico (5% del mercado) y de Unión Fenosa (13%). Esta nueva competencia entraña un reto adicional para la eléctrica asturiana, sumida en el marasmo de la indefinición de su propiedad, y cuando se había planteado el objetivo de duplicar su tamaño en los próximos años.

Para los nuevos accionistas es urgente y prioritario expansionar a Cantábrico sin demora, dado que la guerra de OPA sobre esta compañía encareció extraordinariamente sus inversiones en la eléctrica: Ferroatlántica y EnBW pagaron cada acción de Cantábrico en abril a 27,3 euros, lo que les supuso un desembolso de 306.549 millones de pesetas por el 59,66% de la compañía cuando un año antes (febrero de 2000) el ciento por ciento de Cantábrico valía en Bolsa 227.708 millones. Cajastur y EDP pagaron 87.000 millones de pesetas a la norteamericana TXU por su 19,26% en Cantábrico, a un precio de 24 euros por acción. Rentabilizar tales de-sembolsos, más que un objetivo, es una necesidad inaplazable.