Urbanismo de Sevilla lanza una campaña para fomentar la Inspección Técnica de Edificaciones

A partir del lunes, los propietarios de edificios en Sevilla tendrán que dejar de escurrir el bulto. Una campaña publicitaria de la Gerencia de Urbanismo les recordará la obligación que tienen desde hace más de un año, julio de 2000, de someter sus propiedades a la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE). No más de 50 construcciones han pasado en ese plazo la revisión, de las cerca de 6.700 catalogadas por ser patrimonio histórico o tener más de 100 años de antigüedad. El plazo para esos inmuebles, los más protegidos, acaba el próximo mes de julio.

La campaña de Urbanismo, que durará tres semanas, asaltará a los propietarios de edificios desde medios de comunicación (prensa, radio y televisión), autobuses públicos (25 vehículos de Tussam), mobiliario urbano e, incluso, desde sus propios buzones, gracias al reparto generalizado de trípticos informativos. La medida se completa con el reparto de ejemplares de consulta de la ordenanza municipal en todo tipo de centros públicos, donde quedarán a disposición del ciudadano.

El objeto de la campaña informativa es recordar la obligación de los propietarios de pasar la ITE de sus inmuebles como una medida más para preservar el patrimonio histórico de la ciudad. Como dice la propia exposición de motivos de la ordenanza, 'se trata de potenciar la conservación del caserío y del conjunto de la edificación desde la perspectiva de que la ciudad, y especialmente la ciudad heredada, es obra de todos'.

La ordenanza municipal fue aprobada por el consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, dirigida por el andalucista Rafael Carmona, en diciembre de 1999. Tras ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento, entró en vigor el 11 de julio de 2000. Desde entonces, los edificios que tenían más de 100 años de antigüedad o forman parte del patrimonio histórico debían pasar la inspección en un plazo de dos años.

Fecha tope

La fecha tope para los inmuebles con una edad de entre 50 y 100 años es, según la norma, julio de 2004; y para aquellos con entre 10 y 50 años, 2006. El resto de construcciones deben presentar el certificado de haber pasado la inspección dentro del año siguiente a aquel en que cumplan los 15 de antigüedad.

Las inspecciones deben ser realizadas por arquitectos o aparejadores, con proyectos supervisados por sus respectivos colegios profesionales. Las tarifas de las revisiones fluctúan, según el tipo de construcción, entre 50.000 y 70.000 pesetas.

Los propietarios, o comunidades de propietarios, de edificios que no hayan pasado la inspección se arriesgan a recibir una negativa a cualquier solicitud de ayuda pública para la conservación de sus inmuebles o, incluso, a recibir sanciones de hasta 300.000 pesetas.