El fiscal quiere interrogar a cuatro directivos de la CNMV

La investigación judicial sobre Gescartera estrecha el cerco sobre la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con la agencia de valores, que ha dejado un agujero de 18.000 millones de pesetas y 2.000 clientes afectados. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional que practique una serie de diligencias sobre el caso, entre las que destaca un análisis pormenorizado de la actuación de la CNMV y que se cite como testigos a cuatro de sus directivos.

El giro en la investigación del caso Gescartera se produce tras la aparición de numerosos indicios que apuntan a que la CNMV inscribió de forma irregular a Gescartera en el registro oficial de agencias de valores, y a que el dueño de la sociedad, Antonio Camacho, sorteó durante años todos los controles y mecanismos del organismo regulador encargado de evitar fraudes. En el escrito presentado ayer en el juzgado, la fiscalía solicita que declaren como testigos tres altos funcionarios de la CNMV y un antiguo consejero. Uno de ellos es Antonio Alonso Ureba, ex secretario del consejo del organismo. Otro es su primo Juan Carlos Basallote Ureba, actual director general de Entidades. Alonso Ureba acudió a un almuerzo con la presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, y el dueño de Gescartera en febrero de este año. Pilar Valiente no ha sido citada. El fiscal también solicita conocer las actas de todos los consejos del organismo regulador en los que se tratase el asunto de Gescartera, y que pueden arrojar luz sobre por qué la agencia no fue intervenida antes. Las actas son secretas.