Zaplana justifica ante el Gobierno catalán la exclusión de varios autores

La Generalitat de Cataluña reaccionó ayer con sorprendente timidez a la decisión del Gobierno de Eduardo Zaplana de eliminar a los autores catalanes y mallorquines del documento provisional de contenidos de literatura, en la asignatura de valenciano de ESO y Bachillerato. El consejero de Cultura, Jordi Vilajoana, señaló que Zaplana le llamó ayer personalmente para explicarle que la pretensión no es discriminar, sino 'proteger' a los autores valencianos.

La valencianización y la insistencia de que se trata de un documento de mínimos fueron los argumentos esgrimidos, a modo de consigna, por numerosos representantes políticos del PP valenciano que salieron ayer en respuesta a la intensa polémica, de repercusión nacional, desatada por la exclusión de todos los escritores catalanes y mallorquines de la historia de la literatura, que sí aparecían en el anterior decreto de Bachillerato, de 1994, junto a los valencianos.

Zaplana fue el primero en salir al paso, justo el día de inauguración del curso escolar en Alcoy. Desde allí, afirmó que la Generalitat Valenciana pretende primar a los autores autóctonos en la enseñanza de la lengua frente a los catalanes y baleares a través de una política de 'mínimos', informa Lucía Gadea. 'La consejería establece unos mínimos y nos esforzamos por que autores valencianos sean conocidos por los alumnos. En Cataluña se preocuparán de que los autores autóctonos sean conocidos y en el País Vasco...', agregó Zaplana. 'En absoluto se le va a decir a un profesor cómo dar su clase, ni se va a limitar el nivel de conocimientos', añadió Zaplana, quien reiteró que se trata de una política de 'mínimos', al tiempo que criticó a los que, en su opinión, 'filtran malintencionadamente las cosas', creando una polémica 'absurda y demagógica'. El consejero de Cultura, Manuel Tarancón, y los presidentes de las diputaciones de Alicante y Valencia, Julio de España y Fernando Giner, entre otros, repitieron ayer los mismos argumentos.

La consejera catalana de Enseñanza, Carme-Laura Gil, calificó el borrador de 'acientífico' y aseguró que supone 'un ataque a la unidad de la lengua catalana'. Gil, sin embargo, apuntó que el documento es provisional y quiero creer que no será definitivo'. Señaló también que el Gobierno catalán no tiene intención de ponerse en contacto con la Generalitat Valenciana para tratar esta cuestión porque esto constituiría 'una injerencia'.

Por su parte, el director general de Política Lingüística del Gobierno catalán, Lluís Jou, reiteró la idea de que el Ejecutivo valenciano le había garantizado que se trata sólo de 'una normativa de mínimos de los autores valencianos que deben ser estudiados'. No obstante, apuntó que estas instrucciones de mínimos 'podrían haber contenido todo el ámbito territorial de la lengua', e incidió en que el documento 'muestra una tendencia empobrecedora debido a la visión parcial de la lengua común'.

Los partidos políticos catalanes, incluido el PP, fueron mucho más duros, al igual que los partidos valencianos en la oposición, los sindicatos y los editores. El PSPV-PSOE y Esquerra Unida calificaron la actuación de 'inquisitorial' y 'mutiladora'. La socialista Isabel Escudero acusó al Gobierno valenciano de 'doble lenguaje', en los aspectos relacionados con la lengua, y aseguró que tiene 'voluntad nula de acabar con el conflicto lingüístico'. Ramón Cardona, de EU, señaló que el decreto 'es un síntoma de que tenemos unos poderes públicos propios de un Estado autoritario que pretenden desligar una visión única del mundo'. Víctor Gómez, del BNV, hizo un llamamiento a la 'insumisión de los profesores'.

Por su parte, el líder del PP catalán, Alberto Fernández Díaz se desmarcó de sus correligionarios valencianos y calificó la exclusión de 'un absurdo que no podemos compartir de ninguna de las maneras'. En nombre de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, dijo que es 'una decisión más propia del siglo XV' y de una 'aberración científica' que espera sea reconsiderada. Por los socialista habló el portavoz parlamentario Joaquim Nadal. Zaplana, dijo, 'quiere poner fronteras a la literatura'. El líder del ERC, Josep Lluís Carod Rovira, consideró 'una actitud demencial' y pidió a la Academia Valenciana de la Lengua 'que se pronuncie en contra'.

Las reacciones de los principales sindicatos de la enseñanza, UGT, CCOO y STEPV, fueron del mismo tenor. Lo tres rechazaron de plano al considerarlo 'contrario a criterios académicos y científicos'. Los sindicatos piden a la Consejería que lo retire y le acusan de dar una 'visión empobrecida' de la cultura, además de ser un proyecto 'absurdo e incomprensible' que no favorece a la AVL.

La comunidad educativa, a través de la Mesa per l'Ensenyament, mostró su absoluta repulsa por el proyecto, al igual que las APAs de Valencia. La presidenta de la Associació d'Editors del País Valencià, Verónica Cantó, indicó que el decreto 'tendrá consecuencias negativas a nivel pedagógico y empresarial' y alertó del peligro de desvirtuar la realidad de que 'existe un ámbito cultural y lingüístico conjunto'. El presidente de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), el valenciano Jaume Pérez Muntaner, tildó la decisión de ataque al pueblo valenciano 'porque mutila sus conocimientos'.

En el sistema educativo de Cataluña no hay ninguna referencia sobre el lugar de origen de los escritores en lengua catalana. Fuentes del Departamento de Enseñanza explicaron ayer que, 'naturalmente', en los planes de estudio figuran obligatoriamente los grandes escritores clásicos, desde Joanot Martorell a Ausias March, pasando por Ramon Llull o Llorenç Villallonga. Las lecturas contemporáneas aconsejadas en la ESO cambian cada año. En el curso que comienza hay al menos dos autores valencianos: Isabel Clara Simó y Ferran Torrent.