Contraloría

Como no podía ser de otra forma, dada la naturaleza heredada de nuestra cultura política, la mayoría absoluta del Partido Popular ha terminado por traslucirse en el afloramiento de su primer gran escándalo administrativo-financiero. Y lo que parece peor es que, probablemente, esto no haya hecho más que empezar. Asistiremos así a una tragicómica reedición de los tiempos de Solchaga, cuando aquella efímera bonanza bursátil de la segunda mitad de los ochenta se tradujo en la eclosión de la beautiful people: la hortera fauna de logreros que se lucraron con la codicia de los crédulos, cuyas dudosas luminarias fueron gente como Conde, De la Rosa y los Albertos. Pero, claro, puesto que aún hay clases, el estilo de la beautiful de Rato es muy distinto, aunque siga comprando también en Loewe, pues Camacho y Morey, como Valiente y Ramallo, no parecen más que serviles mandatarios de obispos y militares, en una rancia sobrevivencia del antiguo régimen nacional-teocrático. Y es que el aznarato se debe a sus propias señas de identidad, incompatibles con la corrupción y el favoritismo, pues no faltaría más, pero, en definitiva, fieles y leales para con los suyos.

La novedad es que Aznar ha tenido reflejos para no cometer el error en que cayó su antecesor, cuando se negó a reconocer la evidencia de los escándalos y rehusó asumir responsabilidades políticas. Ahora, al menos, habrá comisión parlamentaria de investigación. Otra cosa es lo que pueda salir de ahí, pues sólo cabe esperar una sucia faena de aliño, y el caiga quien caiga prometido quedará en agua de borrajas, donde se ahogarán unas pobres cabezas de turco. Porque de la famosa lista de altos personajes tenedores de dinero negro nunca se sabrá nada. Pero tampoco importa, pues al fin y al cabo todo eso no es más que mera anécdota sin verdadero interés. Pues la única lista que cuenta es la de autoridades arbitrales y altos cargos administrativos sin cuya interesada complicidad nunca hubiera podido acometerse tamaña estafa, ni continuarla con tanta impunidad. Y esta lista nunca se hará oficial.

Recordemos la metáfora que identifica la democracia con el deporte moderno, cuya regla de oro es el fair play o juego limpio. Pues bien, el problema del partido que estamos contemplando no es que ciertos jugadores hagan trampas, pues el que lo intenten va de suyo, sino el que haya tongo porque el árbitro está comprado y es a la vez juez y parte. ¿Y quién es el árbitro? No sólo la Administración pública, que debe ejercer con limpieza el control y la inspección, sino, además y sobre todo, aquellas autoridades reguladoras que han de ser independientes de la Administración para poder supervisarla a su vez. Pues como la Administración obedece al Poder Ejecutivo, y éste es necesariamente parcial por haber sido elegido para cumplir un programa de partido, resulta preciso que haya órganos independientes capaces de controlar imparcialmente a la Administración que obedece al Ejecutivo. En nuestro ordenamiento constitucional estas autoridades independientes son, además del Poder Judicial, el Banco de España, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, la Agencia Tributaria y, entre otras más, la CNMV. Y el que no actúen como árbitros imparciales, sino que se conchaben legalizando tongos impunes, resulta extraordinariamente grave.

En América Latina denominan contralorías a estas autoridades encargadas de ejercer la accountability institucional, de la que depende la calidad de la democracia. Pues, dada la naturaleza de la cultura política de los países católicos, tendentes al pasteleo, la corrupción y el clientelismo, sin esta contraloría las administraciones públicas son cínicamente patrimonializadas por el caudilllo o la cúpula del partido en el poder. Pero claro, el problema reside en quién nombra o elige a los miembros de estas contralorías. ¿Los propios partidos a quienes deben controlar, como sucede aquí en España? Esto es como encargar al lobo que vigile al rebaño. Y la única solución para evitarlo es la propuesta por Jon Elster: la rotación por sorteo (como en los tribunales de oposición) entre técnicos independientes de reconocida autoridad profesional.