Agricultura reparte las ayudas por el alza del gasóleo pese a Bruselas

El Ministerio de Agricultura ha iniciado el reparto de los 35.000 millones de pesetas en créditos baratos prometidos al sector agrario en compensación por la desorbitada subida del gasóleo el año pasado, pese a que la Comisión Europea tiene abierta una investigación sobre la legalidad de esta medida. El sector reclamaba a Agricultura que asumiera el riesgo de una posible negativa de Bruselas al paquete de ayudas, que también incluye una serie de modificaciones fiscales.

En medio de las presiones del sector para que los fondos se distribuyeran cuanto antes, Agricultura ha puesto en marcha los mecanismos para la distribución de 35.000 millones de pesetas a bajo interés acordados con las organizaciones agrarias Asaja y UPA y las cooperativas para ayudar al sector agrario por la subida de los precios de los combustibles. Pero la Comisión decidió abrir en abril pasado un procedimiento de investigación para determinar si las ayudas por el gasóleo adoptadas en varios países eran legales de acuerdo con las reglas de juego comunitarias.

En medios agrarios y en la propia Administración se coincide en señalar la aplicación de un doble rasero por parte de las instituciones comunitarias. Mientras en unos casos, como en el vacuno, se han permitido y hasta alentado ayudas nacionales con motivo de la crisis de las vacas locas, no se entienden los argumentos de Bruselas sobre posibles irregularidades en las ayudas para los agricultores afectados por la subida de los precios de los combustibles.

Impacto en el sector

El pasado año, las cotizaciones del gasóleo tuvieron un aumento espectacular: pasaron de unas 55 pesetas por litro de media a más de 80 pesetas. El sector evaluó un aumento de gastos de unos 100.000 millones de pesetas. El acuerdo suscrito entre el Ministerio de Agricultura y las organizaciones agrarias, que la Administración valoró en más de 60.000 millones de pesetas, incluye fundamentalmente medidas fiscales y créditos baratos.

En el caso del IVA, se pasó del 5% al 8% en los productos agrícolas y al 7% para los productos ganaderos, medidas ya en vigor que suponen ingresos de unos 44.000 millones de pesetas. En materia de fiscalidad se aumentaron baremos para reducir los rendimientos netos, posibilidad de descontar el 35% de los gastos por la compra de gasóleo y más deducciones para los agricultores enmarcados en el régimen de estimación directa. Se dio luz verde a las cooperativas para vender gaóleo a terceros y se acordó la concesión de 35.000 millones de pesetas en créditos baratos. Frente a las previsiones iniciales de que esta medida tendría una escasa respuesta en el sector, la Administración y las organizaciones firmantes fueron las primeras sorprendidas al producirse una avalancha de peticiones de crédito de unos 150.000 millones de pesetas, razón por la cual se hubo de proceder a un prorrateo.