La influencia económica de la Diputación de Castellón duplica a las de Valencia y Alicante

La situación financiera de las instituciones provinciales en la actualidad es lamentable. La Diputación de Valencia acumula una deuda que supera el 110% de su presupuesto, el máximo permitido por ley. En 1998 la situación no era tan grave, según revela el informe de fiscalización de las cuentas de las entidades locales distribuido ayer por la Sindicatura de Comptes, pero ciertas tendencias parecían claras.

La evolución del gasto público por habitante asumido por las diputaciones provinciales sufría un descenso continuo desde el año 1993, cuando la media de las tres instituciones provinciales era de unas 30.000 pesetas. En 1998, estaba por debajo de 24.000.

Pero la situación no era homogénea en las tres diputaciones provinciales. Castellón tenía menos de medio millón de habitantes en 1998, Valencia superaba los dos millones y Alicante no llegaba a un millón y medio. El gasto por habitante en Castellón ascendía en el último ejercicio fiscalizado a 77.839 pesetas, frente a 34.508 en Valencia y sólo 27.679 en Alicante.

El capítulo de inversiones ofrecía indicadores todavía más dispares. La inversión por habitante en Castellón de parte de la diputación provincial ascendía a 25.564 pesetas, frente a 6.291 en Valencia y 8.312 en Alicante.

Convenios

Los sucesivos convenios firmados entre la Generalitat y la Diputación de Castellón para que la institución provincial canalizara inversiones propias de la Administración autonómica explican las diferencias.

La presión fiscal de la Diputación de Valencian por habitante suponía 5.327 pesetas al año. En Castellón representaba casi 4.500 pesetas. En Alicante, como correlato a la escasa inversión y escaso gasto público, los vecinos aportaban a la institución provincial poco más de mil pesetas al año.

Los ingresos tributarios parecen ajustados, pero la Sindicatura alerta sobre una subida conjunta de los impuestos que recaudan las diputaciones provinciales en torno al 31% con respeto al año anterior.

El aumento de recaudación permitió a las instituciones provinciales cumplir con las nóminas y las obligaciones de las deudas que arrastraban. Pero la Sindicatura 'destaca el bajo grado de ejecución alcanzado' en los capítulos relativos a inversiones y transferencias de capital -para que los municipios acometieran obras por sí mismos-, que se quedaron por debajo de la mitad de lo previsto a principios de año y apenas se consumieron en un 47 y un 40%, respectivamente.

La solvencia de las instituciones provinciales para cobrar las facturas pendientes también queda en entredicho, de acuerdo con el informe de fiscalización. La comparación entre las facturas por cobrar y los ingresos efectivos pone de manifiesto 'un plazo medio de cobro de 218 días'. La Sindicatura, con su frialdad habitual, sugiere que esa tardanza 'puede ser indicativa de dificultades en la gestión recaudatoria o de desfases en el registro contable de los cobros'.

Sin embargo, celebra una notable mejoría con respecto al año anterior, cuando el desfase entre la emisión de facturas y su cobro efectivo rondaba los 10 meses.

La situación de los proveedores de las diputaciones provinciales seguía una senda paralela. En conjunto, los gastos acumulaban un retraso de 188 días. Pero la Sindicatura comenta que la nómina del personal, que supone un tercio del total de gastos, se paga puntualmente. Por eso sugiere que los plazos resultan superiores para los proveedores y para los beneficiarios de las transferencias corrientes que distribuye la diputación a los ayuntamientos más pequeños, de acuerdo con su supuesta vocación de Ayuntamiento de ayuntamientos.

El volumen del endeudamiento de las tres diputaciones era relativamente asumible en 1998. El desfase entre los fondos disponibles en la caja y las necesidades diarias de las instituciones provinciales de Castellón y Valencia, también.

Pero la Diputación de Alicante arrastraba un desfase de tesorería desde años anteriores de modo que acumulaba deudas a corto plazo que duplicaban el total de los fondos necesarios para poder hacer frente a los gastos del día a día.