Juzgados sevillanos: inseguros y ruinosos

No hace falta esperar a la hora del desayuno y encontrar un cómplice entre el personal funcionario para robar documentación oficial de un juzgado andaluz, como recientemente ocurrió en los de Marbella. Este redactor pudo entrar la pasada semana en los juzgados de instrucción de Sevilla y, tras pasar un control de seguridad rutinario, consiguió introducirse sin ningún impedimento en una de las oficinas judiciales en la que, vacía a media mañana, se amontonaban en mesas y repisas, al alcance de la mano, expedientes y procedimientos. A la salida del edificio, nadie reparó en la bolsa de plástico repleta de papeles que el periodista transportaba y que no traía al entrar, media hora antes.

La seguridad es, junto a las deficientes condiciones de habitabilidad (humedades, goteras o falta de espacio) y las barreras arquitectónicas, uno de los principales problemas que aquejan al parque de edificios judiciales de Andalucía. Con décadas de antiguedad, y muy pocas reformas realizadas, la Junta asumió centenares de estas instalaciones cuando en 1996 recibió la transferencias de las competencias en Justicia. Los sindicatos lamentan la falta de inversiones desde entonces, aunque Justicia defiende que no se puede solucionar todo en unos pocos años y mantiene un plan de infraestructuras que estará en ejecución hasta 2009.

Tanto CC OO como CSI-CSIF, dos de los sindicatos más representativos en el sector de la Justicia, han denunciado recientemente ese tipo de carencias en el edificio de los Juzgados y en el de la Audiencia Provincial en Sevilla, en el Prado de San Sebastián.

Una mirada a las instalaciones de los pueblos de la provincia refleja que, pese a todo, la capital dispone de unas infraestructuras en mejor estado. CSI-CSIF denuncia la situación en localidades como Morón de la Frontera, Coria del Río u Osuna. Cazalla de la Sierra y Lora del Río son los casos más llamativos.

Un alto funcionario del Juzgado de Cazalla certifica las denuncias del sindicato gremial. El edificio, una construcción antigua de dos plantas restaurada en 1987, tiene cerradas varias dependencias de la planta baja por la humedad que sufre. Las goteras son frecuentes y ponen en peligro la conservación de la documentación en los archivos. Esas mismas goteras provocaron recientemente la caida de los techos de uno de los cuartos de baño. La vigilancia, inexistente, no causa a los funcionarios temor a que roben documentación, aunque sí creen que el material informático puede ser un atractivo para posibles robos. La Consejería prepara una restauración de 50 millones de pesetas que aún no tiene fecha.

En Lora del Río se repiten los problemas causados por la humedad en las paredes y por las goteras en los techos. En este caso, las dificultades causadas por la existencia de barreras arquitectónicas son aún más llamativas. Otra carencia del edificio es la referente a los urinarios. Los del público no existen y los de los funcionarios están en mal estado.