Las competencias policiales nunca han constituido una prioridad

La petición de una policía propia nunca ha estado en el vértice de la pirámide de las reivindicaciones de los partidos andaluces. Al tratarse de una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía, todas las formaciones han estimado que la creación de un cuerpo autónomo es una asignatura pendiente -y, por supuesto, ninguna ha renunciado explícitamente- pero la discusión sobre esta transferencia ha estado lejos de alcanzar un protagonismo relevante.

El PA, en correspondencia con su naturaleza nacionalista, ha sido el partido que históricamente ha insistido más en la policía andaluza, junto con Izquierda Unida. No obstante, ambos grupos tampoco han llegado a convertir esta aspiración en una exigencia de primer orden.

En el último debate del Estado de la Comunidad de julio los andalucistas incluyeron en su paquete de propuestas de resolución que se iniciaran conversaciones con el Gobierno para las transferencias de la policía autónoma. E IU, en noviembre del año pasado, recordó en una pregunta al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que el cuerpo autónomo es una competencia estatutaria que se debe cumplir.

En este debate, que se produjo con el portavoz izquierdista, Antonio Romero, Chaves afirmó que su Gobierno prefería seguir por el camino abierto tras el acuerdo de 1992 con el Ministerio del Interior para la adscripción de una unidad a Andalucía 'porque es bueno tener una experiencia en relación con las materias policiales', aunque sin 'renunciar, en el momento en que consideremos oportuno, a constituir una policía autonómica'.

'Embrión'

Una frase similar fue la que pronunció Chaves nueve años antes cuando solicitó al ministro de Interior, el socialista José Luis Corcuera, una unidad adscrita y la reiteró en la posterior firma del convenio. Entonces se habló de constituir 'un embrión' de lo que podría ser la futura policía andaluza, y se argumentó la elección de la fórmula que había implantado el presidente de Galicia, Manuel Fraga, en lugar de los modelos vasco y catalán, en 'costes económicos'. El acuerdo consistió en traspasar en 1994 un total de 520 agentes, cifra que hoy, siete años después, no se ha llegado a completar.

Chaves dijo en noviembre pasado en la Cámara que en esos momentos había 'otras prioridades' en las transferencias de competencias y que le iba pedir al Gobierno ampliar la unidad adscrita a 720 agentes.