El Ejecutivo central tiene la llave sobre los fondos y competencias del futuro cuerpo

La Constitución y el Estatuto de Autonomía le dejan la puerta abierta al Ejecutivo andaluz para crear su propia policía. Lo que queda por decidir es el precio que se está dispuesto a pagar por pasar ese umbral. Así, el director general de Política Interior de la Consejería de Gobernación, Juan María Cornejo, recalcaba ayer que es imprescindible diseñar este cuerpo de policía andaluza desde el pacto con el Gobierno central. La razón está muy clara: los derechos previstos en la ley no aportan fondos y estos sólo pueden salir de un pacto satisfactorio con el Ejecutivo estatal.

El Ejecutivo autonómico podría llevar la correspondiente propuesta de ley al Parlamento de la comunidad o incluso sacarla adelante con sus propias prerrogativas. La prioridad sería potenciar la actual unidad adscrita a la Junta para convertirla en un embrión de la futura policía andaluza. Este refuerzo permitiría a la citada unidad abarcar las competencias que le otorga la ley y que ahora no se cubren, según la Junta, por falta de personal.

Posteriormente, las nuevas competencias dependerían de las transferencias de fondos que se pacten con el Gobierno central.

El caso de Andalucía sería además pionero, ya que tanto Euskadi como Cataluña crearon sus policías antes de la publicación de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, de 1986. La Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias podrían seguir la senda andaluza.

Aún así, tanto en el Consejo de Seguridad (con todas las policías autónomas) o en la Junta de Seguridad de cada comunidad, el Gobierno central tiene la suficiente representación como para hacer necesaria la negociación para fijar desde el número de agentes a las competencias de un determinado cuerpo.