El juez de guardia decreta la expulsión de 33 de los africanos detenidos en Barcelona

El procedimiento reclamado por los abogados pone sobre la mesa la ilegalidad de las detenciones porque en la operación policial 'no hubo ningún intento de identificación' de los inmigrantes, que fueron arrestados de forma indiscriminada. Se pide así que se individualice cada uno de los casos y, 'si procede, una vez decretada la libertad de los detenidos', abrir diligencias por 'detención ilegal'.

La posición del Comité de Defensa de los Derechos de la Persona, difundida por uno de sus integrantes, Marco Aparicio, fue recibida con aplausos por los cerca de 150 magrebíes y subsaharianos reunidos desde las 11.30 horas y hasta bien entrada la tarde de ayer en los locales de uno de los sindicatos que integran la plataforma de apoyo a los sin papeles.

Los inmigrantes, trasladados, según varios de ellos, 'con el miedo en el cuerpo' desde los alojamientos improvisados que les habían cedido varias entidades sindicales y sociales, celebraron su primera asamblea desde que la policía arrestara sin previa identificación a 112 personas el pasado 16 de agosto.

'Los abogados han sido contundentes al definir como ilegal la actuación del Estado y de la policía', decía Miguel Essomba, uno de los portavoces de la plataforma y miembro de SOS Racismo. En nombre de esta ONG, Josep Guardiola continuaba ayer confiando en las posibilidades de la negociación, al menos en lo que respecta al problema del alojamiento.

'Queremos negociar' Las maratonianas ocho horas de reunión del colectivo de inmigrantes culminaron con un llamamiento a las tres administraciones implicadas para reunirse y contar con 'más tiempo para negociar sin presiones', dejando la puerta abierta a una resolución 'tranquila y pacífica' del conflicto. Sin embargo, la delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas, echaba desde Salou un jarro de agua fría sobre la expectativa de una negociación destinada a regularizar la situación de los subsaharianos y magrebíes: 'La Administración no tiene capacidad para modificar la ley'.

En su petición al juez de guardia, los abogados no sólo cargaron contra el Gobierno cuando denunciaron una aplicación 'restrictiva' de la Ley de Extranjería, sino también contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Esta acusación de 'complicidad' se basa en las 'escasas respuestas' y 'falta de previsión y de medios' de ambas instituciones ante un problema que ha crecido como una bola de nieve en los últimos nueve meses, y también en el desalojo 'intempestivo, de noche, sin previo aviso ni alternativas'.

La plataforma de apoyo a los inmigrantes, integrada por una veintena de organizaciones, ha convocado para las 12 horas de hoy una manifestación en la plaza de Sant Jaume en solidaridad con los afectados. Sus integrantes no escondían ayer su 'temor' ante los riesgos de que se produzcan nuevas detenciones. Así, los inmigrantes esperan a conocer la suerte de los retenidos en el Centro de Internamiento de La Verneda para decidir si asisten.

El juez de guardia tiene de plazo hasta las cinco de la tarde de hoy para dictar cuáles de entre los africanos aún retenidos deberán ser puestos en libertad y cuáles continuarán bajo arresto previo a su expulsión, hasta un máximo legal de 40 días. El juez ya decidió ayer la expulsión de 33 personas y también puso en libertad a un ciudadano de Sierra Leona con un permiso de residencia expedido por las autoridades italianas, informe Efe. Los sindicatos carecían de información sobre el número total de expulsables entre los detenidos y acerca de las condiciones en las que están, y pidieron al juez que 'no autorice el internamiento'.

El juez, que ayer tomó declaración a una treintena de detenidos, tiene prevista para hoy la comparecencia de otros 35. La Delegación del Gobierno informó al sindicato CGT de que ayer por la tarde continuaban detenidos 60 africanos, aunque fuentes sindicales indicaron que no les consta el paradero de una veintena más, con lo que el número de arrestados podría elevarse a 80.