2,4 millones buscan dueño
Dos policías reclaman al juez la propiedad de un bolso con dinero que hallaron en la calle
Un juez de Madrid estudia a quién debe entregar un bolso con 2,4 millones de pesetas que, en mayo de 1998, alguien dejó olvidado junto al bordillo de una acera de la calle de José Arcones Gil (Ciudad Lineal). Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía lo encontraron y, dado que el dueño no ha aparecido desde entonces, reclaman ahora al juez su titularidad basándose en que el hallazgo fue suyo.
Los agentes sostienen que el dinero les pertenece porque el artículo 615 del Código Civil establece que el juez debe 'adjudicar la cosa encontrada o su valor al que la hubiese hallado', siempre que ésta no haya sido reclamada por su auténtico dueño y hayan 'transcurrido dos años desde el hallazgo'.
Un informe de la Administración sostiene que, si ésta responde de los actos de sus agentes, 'también debe beneficiarse' de sus descubrimientos
Pero a los policías les ha salido otro postor: la Administración, en concreto el Tesoro Público. Este organismo disiente de que quepa aplicar los beneficios de ese artículo a los dos agentes, puesto que, según esgrime la Administración en un informe, ambos estaban de servicio cuando se toparon con los millones.
El disputado hallazgo se produjo la noche del 1 de mayo de 1998. Los agentes patrullaban por la calle de José Arcones Gil, esquina con la de Vital Aza. Desde el vehículo observaron un extraño y abultado bolso de color rojo en cuyo exterior destacaba el logotipo de Marlboro. Se llevaron una mayúscula sorpresa al abrir el bolso: además de dos llaves, allí se escondían tres montones de billetes: uno con un centenar de billetes de 10.000 pesetas; otro con más de 200 billetes de 5.000, y un tercer montón con 16 billetes de 10.000 pesetas. En total, 2.430.000 pesetas.
Los agentes, cuyos carnés profesionales son el 77.494 y el 79.315, se apresuraron a llevar a la comisaría el valioso contenido del bolso. Sus superiores informaron del hallazgo al juzgado de guardia y éste abrió diligencias para tratar de localizar al 'legítimo dueño del dinero'. Los millones fueron consignados inicialmente en la cuenta bancaria de los juzgados y, más tarde, en la del Ayuntamiento de Madrid, dado que se habían encontrado en la vía pública.
Ocho días después del descubrimiento, los agentes contrataron a un abogado y reclamaron al juez el dinero basándose en el citado artículo del Código Civil. El juez pidió la opinión del fiscal, que no se opuso a la petición. Sin embargo, al tener conocimiento el Ayuntamiento de la pretensión de los policías remitió un oficio al director general del Cuerpo Nacional de Policía para que informase si éstos debían beneficiarse del suculento hallazgo.
El 16 de mayo de 2000, el jefe del gabinete técnico de Juan Cotino, director general de la Policía, contestó que la propiedad del dinero hallado correspondía a la Administración General del Estado y que, por lo tanto, los 2,4 millones debían ir al Tesoro Público. 'Los funcionarios de policía', indica el citado informe, 'son agentes de la autoridad (...) de manera que actúan por la autoridad. Estos funcionarios, en el desempeño de sus funciones, actúan como si fueran la Administración, de manera que sus actos se imputarán siempre, salvo en el ámbito penal y sin perjuicio de la responsabilidad civil subsidiaria de ellos, a la propia Administración de la que dependen (...) Si la Administración responde por los actos de sus agentes en el cumplimiento de sus funciones, también se beneficia de las consecuencias beneficiosas de los mismos', concluye.
El Ayuntamiento envió el dinero a la cuenta del Tesoro Público el pasado 16 de enero. Allí está ahora, esperando que el magistrado resuelva si debe quedarse allí definitivamente o ir a los bolsillos de los agentes.
