Las 'testigos protegidas' facilitan el final de 20 redes de proxenetas

El grupo de ex prostitutas que decidió denunciar ante la Brigada de Extranjería a sus proxenetas usó varios métodos para escapar de sus opresores. Algunas acudieron en busca de ayuda a las ONG que las atienden cada noche en la Casa de Campo, y estos organismos las remitieron a la policía. Otras burlaron las férreas medidas de control de los clubes de alterne donde ejercían la prostitución y, bien por sus propios medios o con la ayuda de algún cliente, consiguieron llegar a la comisaría.

A partir de ahí, la policía las interrogó para situar los clubes donde trabajaban. La mayoría, según fuentes policiales, no sabía ni siquiera la ciudad donde se encuentra el local. Frases como 'al llevarnos en coche pasamos por un río' o 'el bar tiene luces de neón rojas' son las que llevaron a los agentes a descubrir dónde estaban los clubes donde las mujeres eran explotadas. Los agentes, haciéndose pasar por clientes, hicieron una primera inspección. El paso siguiente fue pedir autorización a un juez para entrar y detener a los mafiosos.

Después de ofrecerse a delatar a los proxenetas ante la policía y la Guardia Civil, alrededor de 100 de estas mujeres que entraron irregularmente en España se han acogido durante el último año y medio a la Ley de Protección de Testigos y a la Ley de Extranjería. Si su declaración sirve para desbaratar una organización o para reforzar las acusaciones contra sus integrantes, los jueces les dan definitivamente la condición de testigos protegidas.

El hecho de convertirse en testigos protegidas garantiza a las inmigrantes el anonimato y su regularización a través del artículo 59 de la Ley de Extranjería: 'El extranjero (...) sin documentación o documentación irregular (...) y víctima (...) de explotación en la prostitución (...) podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a las autoridades competentes a los autores o cooperadores de dicho tráfico'.

El anhelo de escapar Sin embargo, el 90% de las testigos protegidas, según fuentes policiales, ignoraba en el momento de denunciar a los traficantes de seres humanos que su situación podía regularizarse si colaboraban con la justicia en el desmantelamiento de estas redes. Según esas fuentes, lo que mueve a estas personas a testificar contra sus explotadores es el anhelo de escapar de las redes que las tienen explotadas. Su deseo de huir de la esclavitud a la que están sometidas es tan fuerte que estas mujeres logran superar el miedo que les infunden los mafiosos y olvidar la falsa advertencia que éstos les hacen respecto a que, si les denuncian, la policía les recompensará a ellas con la expulsión.

Después de ratificar la denuncia, la Brigada de Extranjería traslada a las mujeres a pisos de acogida de organismos como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituta (Apramp), que tiene un piso en el centro de Madrid y en septiembre va a abrir otro específico para mujeres víctimas de las mafias; o bien a congregaciones religiosas como las oblatas, que tienen un centro de acogida en Carabanchel. Ni el Ministerio de Justicia ni el de Interior tienen partidas económicas específicas para el plan policial de protección de testigos, así que el futuro de estas mujeres depende de la atención que les ofrecen éstas y otras organizaciones no gubernamentales. Pero alguna ONG ya ha advertido de que está 'desbordada' y que no puede afrontar toda la demanda.