Los sindicatos exigen más control sobre las empresas que incumplen la ley

El sindicato UGT de Alicante exigió ayer a la Administración un compromiso 'firme' y 'real' que permita evitar la siniestralidad laboral y pidió que actúe de forma 'decidida' contra las empresas que 'sistemáticamente incumplen sus obligaciones preventivas'. Fuentes del sindicato lamentaron la muerte de un trabajador de la construcción ayer por la mañana en la Playa de San Juan y destacaron que este siniestro se suma a los ocurridos en los últimos días en Benissa y Benidorm, en los que fallecieron tres empleados.

'En lo que llevamos de año se han registrado en el sector de la construcción de la provincia diez accidentes mortales, un dato a todas luces inaceptable', señalaron. 'Estamos dolorosamente hartos de reclamar a los empresarios que asuman su responsabilidad mediante el cumplimiento de las obligaciones preventivas establecidas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales', agregaron. Fuentes de UGT mostraron la necesidad de que las distintas administraciones públicas hagan frente a este 'grave' problema y reclamaron que 'actúe de una forma decidida ante aquellas empresas que sistemáticamente incumplen sus obligaciones preventivas, empresas que, por su dejadez, diariamente ponen en peligro la vida de los trabajadores'.

Mientras los sindicatos reclamaban medidas desde Alicante, el director general de Trabajo y Seguridad Laboral de la Generalitat, Román Ceballos, daba cuenta, en Valencia, de los datos de siniestralidad correspondientes al primer semestre de este año. Ceballos destacó que de enero a junio se produjeron 60.056 accidentes laborales, lo que supone, por primera vez en cinco años, una reducción, que se situó en el el 2,3%, respecto al mismo periodo del año anterior. De esos siniestros, 59.437 fueron leves, 534 graves y 49, mortales. De éstos últimos, 16 corresponden al sector de la construcción.

Ceballos afirmó que la Generalitat 'seguirá actuando' en las empresas con mayor siniestralidad a través del plan de actuación 2001, destinado a un total de 3.954 empresas, en las que se incluyen 'todas aquellas con un índice de incidencia superior al 175 por 1.000, el doble de la media de la Comunidad Valenciana, y todas aquellas con más de cinco accidentes de trabajo o que sufrieron algún accidente mortal durante el pasado año'.