Los hoteleros de la Vall de Cardós piden que intervenga la Generalitat
Un grupo de vecinos de la población de Lladorre (Pallars Sobirà) ha decidido este mes de agosto cobrar peaje a los vehículos que quieran acudir a los lagos de Certascan o de Naorte porque considera que el acceso a la montaña es de su propiedad. Le ampara una sentencia judicial que le permitió cerrar la pista forestal el pasado noviembre. Ahora, los vecinos han endurecido su oposición y cobran 500 pesetas a los turistas y 3.000 a los taxis que pretenden llegar a esta zona de la Vall de Cardós. Además, a los vecinos del pueblo con los que están enfrentados no les permiten el acceso ni siquiera pagando.
El Ayuntamiento de Lladorre ha anunciado que recurrirá ante los tribunales de justicia para que se reabra el camino. Uno de los principales perjudicados es el responsable del refugio de Certascan, Alejandro Gamarra. Su familia ha tenido que abandonar el refugio en el que vivían durante la primavera y el verano y desde noviembre tiene que caminar tres horas para llegar hasta él. 'Les pedí permiso para pasar porque ahora han puesto una cuota, pero cierran el paso a todos aquellos que estén en contra de sus deseos', comenta Gamarra, quien espera que se resuelva rápidamente el caso que presentó ante el juzgado de Tremp hace ya cinco meses.
El cierre de esta pista forestal, de unos siete kilómetros, y la reciente implantación del peaje han creado graves perjuicios al sector hotelero de la zona porque estos lagos, situados a más de 2.000 metros de altitud, son uno de los principales atractivos turísticos de la Vall de Cardós.La asociación turística de la Vall de Cardós ha pedido a la Generalitat que intervenga para que no se cobre este peaje. Los hoteleros aseguran que la medida aleja a muchos turistas que han visitado desde hace años la zona de los lagos y que ahora se ven obligados a pagar una cuota para acceder a ellos, además de considerar que el camino está impracticable.
Los hoteleros, que promovieron una recogida de firmas en contra del cierre del camino, aseguran que les impiden el paso, incluso pagando, por haberse opuesto a las limitaciones.
En Sant Pere de Torelló (Osona), el espectacular incremento de visitantes a los espacios de protección natural empieza a provocar tensiones. Lluís Camprubí, propietario de una de estas áreas, se está planteando cerrar el camino a la zona, informa Eva Clota.
Camprubí asegura que está arreglando los accesos y que nadie, ni la Administración ni ninguno de los visitantes, le costeará las 600.000 pesetas que lleva invertidas. 'Es muy bonito ir a la montaña y encontrársela arreglada, limpia y con buenos accesos. Pero nadie piensa que hay alguien que paga impuestos y se gasta dinero para que esté así', añade, no sin antes mostrarse escéptico sobre los beneficios de colocar una cadena: 'Seguro que me la robarán'.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.