La normativa sobre incendios se vulneró en los siniestros de Mijas y Huelva

Los últimos incendios han dejado patente que el cumplimiento de la Ley de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, aprobada en junio de 1999 por el Gobierno andaluz, está lleno de lagunas. La empresa Riotinto Fruit, propietaria del terreno incendiado por la explosión de un transformador eléctrico en la provincia de Huelva, no había adoptado las medidas de prevención contra incendios que establece la norma autonómica. La legislación obliga a empresas, núcleos de población aislada e instalaciones ubicadas en zonas de peligro o asociaciones y empresas que realizan labores de explotación forestal a elaborar 'planes de autoprotección'.

El objeto de los mismos, según la ley, es fijar las actuaciones para combatir contra un incendio y atender las emergencias que pudieran producirse. Este plan tampoco había sido elaborado en Mijas (Málaga), donde un incendio obligó a evacuar a más de 300 personas y quemó 550 hectáreas el pasado julio, según el director del centro operativo regional del Plan Infoca, Francisco Salas. Aunque los planes de autoprotección estaban ya contemplados en una directriz de Protección Civil, Salas explicó que la Ley de Incendios refuerza el papel de los planes como 'instrumentos preventivos'.

Retraso del reglamento

A pesar de que esta norma entró en vigor hace dos años, el secretario regional del PP, Antonio Sanz, criticó ayer que todavía no se haya aprobado el reglamento que desarrolla varios puntos como la cuantía de las infracciones, los planes de ordenación de los montes públicos o la participación de los ayuntamientos. La titular de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, minimizó ayer este retraso al considerar que 'lo importante es que tengamos la ley'. No obstante, anunció que en el reglamento se exigirá a los promotores que presenten planes de autoprotección.

Andalucía es la única comunidad autónoma que cuenta con una legislación específica sobre el fuego. Las demás se rigen por una ley preconstitucional, aunque algunas autonomías han desarrollado y regulado algunos aspectos concretos de la lucha contra los incendios forestales como la prohibición de vender madera quemada para evitar que intereses económicos estén detrás de la quema de superficie forestal.

La legislación andaluza sólo autoriza la venta de madera calcinada si la Administración da su visto bueno y obliga a destinar a la restauración de los terrenos incendiados 'en el supuesto de que se considere precisa' el importe de la comercialización. Además cierra la puerta al cambio de calificación de la superficie afectada por el fuego para evitar especulaciones urbanísticas.