Política de vivienda

Acabo de leer en EL PAÍS del pasado domingo día 29 el interesante artículo de Cristina Narbona De nuevo, la vivienda, y me he sentido gratificado al encontrar una opinión autorizada, coincidente en buena parte con algunas opiniones que desde hace años vengo manifestando en torno al problema de la vivienda.

Escribía yo, hace tiempo, en un artículo acerca del efecto pernicioso que para el mercado de la vivienda había tenido la ya fenecida Ley de Arrendamientos Urbanos, con la consiguiente muerte de la cultura de la vivienda en alquiler. Hacía hincapié en el hecho preocupante de que, prácticamente, la única vía de acceso al uso de una vivienda había de ser el de la compra con todas las consecuencias, sociales y económicas, que esto comporta: Un gasto importante para satisfacer el importe de la entrada, la firma de una hipoteca un plazo largo, con una carga financiera que, afortunadamente, no es excesiva.

Hasta aquí, los efectos económicos directos; ahora veamos las consecuencias sociales. Pensemos que la inmensa mayoría de los adquirientes son gente joven que necesitan un marco sin demasiadas trabas para su posterior desarrollo; que en una buena medida son, suelen ser, los padres quiénes han de hacer un importante esfuerzo económico para ayudar a sus hijos; que el hecho de la adquisición de la vivienda, significa -en cierto modo- ingresar en esa categoría especial de 'siervos de la gleba'. Si por imperativo, o por conveniencia, de su trabajo se ha de trasladar a otro enclave geográfico, vuelve a tener el problema de la vivienda (no somos caracoles que viajamos con la casa a cuestas). Debiera poderse dejar pensar a los usuarios de las viviendas si les conviene una inversión fija con las obligaciones y restricciones que ésta conlleva o, por el contrario, si prefieren aplicar sus esfuerzos ahorradores a otros instrumentos que existen en el mercado y no hipotecar su futuro mermando su libertad.

Cabría preguntarse si una política de vivienda que estimulara la oferta al mercado de viviendas en alquiler en condiciones dignas, tanto en su calidad, como en su precio, no sería bastante más positiva que la actual tendente a beneficiar a un sector económico importante, que tal vez asumiera con agrado la nueva modalidad basada en la rentabilidad a largo plazo de sus inversiones, en vez de la actual de contabilizar beneficios después de cada obra terminada. Tal vez una buena cantidad de viviendas cerradas que no encuentran usuario, de promulgarse una legislación que incentivara la modalidad de alquiler, conformaría una oferta que abriera perspectivas más halagüeñas que las actuales, a la vez que proporcionara rentabilidad a inversiones que hoy resultan improductivas. Tal vez si determinadas inmovilizaciones de algunas entidades de crédito, impuestas por el Banco de España en su normalización de los flujos de tesorería, se orientasen a una política de viviendas para alquilar, el eco fuera mayor. Ésta es una reflexión que debieran de hacer las Administraciones Públicas de todos los niveles, -autonómico o nacional-, por si era posible ayudar de modo importante a gente que empieza la vida y que necesita estímulos más que frenos.

Posiblemente estas ideas no gusten a quienes creen que poseer el BOE es sinónimo de sabiduría, por lo que habría que recordarles que no es bueno que nos encerremos en nuestros castillos particulares asumiendo que no existen más verdad y más poder que los oficiales. No es bueno que pensemos que quien no comparte nuestras ideas, además de estar equivocado es el enemigo de la sociedad. No es bueno que nos neguemos a escuchar opiniones, reconociendo representatividad y capacidad de hacerlo a quien en cualquier caso ha de sufrir los efectos de las disposiciones legislativas.

Reconozcamos no sólo la legitimidad sino, además, la conveniencia de que haya pluralidad de opiniones que, persiguiendo fines lícitos, opten por vías diferentes. Enterremos las culturas muertas por esterilizantes y hagamos revivir la de la responsabilidad, el diálogo y la tolerancia. Las futuras generaciones nos lo agradecerán.

Ramón Cerdá Garrido es empresario