De nuevo, la vivienda

La dificultad del acceso a la vivienda vuelve a aparecer en los sondeos de opinión pública como una de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos españoles. Aunque se trata de un problema real que afecta, sobre todo, a los jóvenes y a las familias con menores niveles de renta, durante la última década se había ido difuminando gracias a una evolución favorable de la relación existente entre los ingresos familiares y el coste de adquisición de una vivienda; dicho porcentaje alcanzó su máximo en 1991, y a partir de ese momento comenzó a disminuir como consecuencia de la tendencia a la baja de los tipos de interés de los créditos hipotecarios, de la ralentización en la evolución de los precios de la vivienda y de una decidida política de vivienda que permitió el acceso de 600.000 familias a una vivienda protegida en el periodo 1992-1995.

Los datos oficiales indican que la ratio de accesibilidad ha vuelto a crecer a partir de 1998. Sin ninguna duda, es el resultado de una evolución fuertemente alcista del precio de la vivienda -con un aumento del 40% entre 1996 y el 2000- y del absoluto fracaso de las medidas sobre suelo y vivienda del Gobierno del PP; así, el esfuerzo de una familia de ingresos medios para adquirir una vivienda de precio medio se sitúa hoy en el 40% de su renta, a pesar de disfrutar España de créditos hipotecarios que están entre los más baratos de la Unión Europea.

La ratio de accesibilidad es muy superior en el caso de adquisición de una primera vivienda y, muy en particular, en el caso de los jóvenes, lo que lleva a España a colocarse a la cabeza del ranking mundial en cuanto a la edad de emancipación -la más alta- y a la tasa de natalidad -la más baja-.

La evolución alcista de los precios de la vivienda no se debe a la escasez en la oferta, ya que durante los últimos tres años se ha construido una media anual superior a las 500.000 unidades, cifra notablemente superior a la formación neta de hogares, situada en los 120.000 al año. De hecho, buena parte de la demanda actual de vivienda tiene poco que ver con las necesidades residenciales de sus adquirientes y responde a la colocación de ahorro con fines inversores y a la proximidad de la plena vigencia del euro.

Cualquier política de vivienda seria debería partir del análisis anterior para, entre otras cosas, introducir nuevas herramientas mucho más orientadas a la optimización del uso de un parque inmobiliario excedentario -20 millones de viviendas existentes frente a 13 millones de hogares- que al estímulo a la construcción de nuevas viviendas.

Pero ello requeriría un Gobierno al que le preocupase, de verdad, el acceso a la vivienda de sectores sociales cada vez más amplios y asumiera su responsabilidad; no un ministro de Fomento que descarga todas las culpas sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a los que acusa de poner obstáculos a la 'liberalización' del mercado del suelo emprendida por el PP desde 1996.

A partir de dicho año se han adoptado sucesivas normas legislativas estatales en materia de urbanismo que han favorecido un incremento espectacular del precio del suelo urbanizado -un 90% entre 1996 y el 2000, según un reciente informe de Merrill Lynch- debido a la creación de expectativas de revalorización derivadas de la propia legislación, en un mercado profundamente imperfecto. Por cierto, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, por la que se declaran nulos de pleno derecho dos artículos de la Ley 6/1998, sobre régimen del suelo, y se estima parcialmente el recurso respecto de otros seis artículos, constituye una severa advertencia al Gobierno sobre su actuación legislativa en materia de urbanismo. El Tribunal Constitucional consagra las competencias autonómicas y municipales en cuanto al modelo de ciudad, frente a la pretensión del Gobierno de imponer en todo el territorio un determinado modelo basado en la extensión prácticamente sin límites de suelos aptos para edificar.

Esta sentencia -y el encarecimiento del suelo ya mencionado- debería llevar al Gobierno a replantearse su política en esta materia, comenzando por derogar el Real Decreto 4/2000, que incide todavía más en la línea ya cuestionada por el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, el Gobierno eliminó la desgravación fiscal de los gastos por alquiler de vivienda y no ha avanzado ni un milímetro en la necesaria mejora del tratamiento fiscal de la oferta de vivienda en alquiler -solicitada en reiteradas ocasiones por todos los grupos políticos en el Parlamento, así como por los operadores de dicho mercado- que permita corregir la anómala composición del mercado inmobiliario español, con el menor porcentaje de vivienda en alquiler -sobre todo, de vivienda pública en alquiler- de toda la Unión Europea.

Asimismo, los resultados de la política de vivienda han sido vergonzosos: el Plan de Vivienda 1998-2001 está cumpliendo menos de un 50% de sus objetivos y la oferta de viviendas protegidas (VPO) ha caído en el 2000 a las cifras más bajas de la década -menos de 50.000 VPO, frente a una media anual superior a las 100.000, en el periodo 1992- 1995-.

El porcentaje de viviendas protegidas sobre el total de viviendas iniciadas ha caído drásticamente desde 1993 -un 49,3%- al 2000 -apenas un 7,5%-, y el volumen de créditos disponible para financiar viviendas protegidas se ha situado en el año 2001 en la cuantía más baja de la década.

Urge, pues, plantear una acción política bien diferente a la desarrollada por el PP hasta la fecha que suponga, además, la superación de modelos de intervención vigentes en el pasado y que surja de una intensa coordinación y cooperación entre los tres niveles de la Administración.

Ninguna política de vivienda puede diseñarse ya al margen de la ordenación del territorio y de las políticas de ciudad. Es necesario integrar las necesidades de acceso a la vivienda en un correcto desarrollo de las ciudades que deberían hoy día crecer más en calidad que en extensión de su suelo urbanizable. Recordemos que existen ya en España suelos calificados como urbanizables que permiten la construcción de cinco millones de viviendas y que el estrangulamiento se sitúa en la escasa actuación urbanizadora de los propietarios de suelos calificados. Los ayuntamientos deben contar con una legislación estatal y autonómica que favorezca la actividad urbanizadora y los medios técnicos, humanos y económicos suficientes para realizar una gestión urbanística ágil y eficiente. El Pacto Local resulta, pues, urgente para garantizar una política de vivienda y de suelo en la que los ayuntamientos puedan jugar un papel activo, fortaleciendo la necesaria concertación con la iniciativa privada más emprendedora.

El PP sigue insistiendo, con Aznar a la cabeza, en su visión triunfalista, según la cual el elevado nivel de vida de los españoles hace innecesaria la política de vivienda. Como muy bien señaló Rodríguez Zapatero en el debate sobre el estado de la nación, a pesar del crecimiento innegable del PIB registrado durante los últimos años, se han ampliado las desigualdades sociales. Eso afecta, sin duda, a los jóvenes, víctimas de la carestía de la vivienda y de situaciones laborales muy precarias que obstaculizan su emancipación.

Y la emancipación no es sólo un proceso que afecta a la esfera privada. Para alcanzar plenamente la condición de ciudadanos responsables de sus propias vidas y de su relación con el resto de la sociedad, los jóvenes tienen que emanciparse de sus padres.

En síntesis, España necesita un cambio en profundidad en las políticas de vivienda y de suelo, y lo necesita con urgencia, ya que los efectos negativos -sociales, ambientales y económicos- de la actual situación pueden ser, incluso, irreversibles.

Cristina Narbona Ruiz es secretaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Comité Ejecutivo Federal del PSOE.