Profesionalidad y eficacia

La máxima 'si vis pacem para bellum' (si quieres la paz prepara la guerra) debe ser olvidada. Los Estados democráticos sostienen sus ejércitos no para preparar la guerra, sino para evitar que otros la utilicen como instrumento de su política, por lo que, si se ven obligados a intervenir en un conflicto armado, habrán fracasado. Esta concepción relega a un segundo plano el debate sobre el modelo de fuerzas armadas, más ideológico que lógico, ante una exigencia de eficacia que se antepone a cualquier otro criterio, incluso a los valores sociales del reclutamiento. Si se está de acuerdo con las premisas anteriores, la discusión debe centrarse, y por este orden, en la dotación económica, entidad, formación y organización del ejército profesional. En nuestro país se ha discutido a lo largo de las dos últimas décadas cómo modernizar un ejército de recluta universal. Pero el debate sobre la profesionalización no se ha realizado en el tiempo necesario. Ha sido un error, porque el debate se ha trasladado ahora, con no demasiado acierto, a cada medida que aplica el Ministerio de Defensa, lo que prueba la necesidad, como ha dicho recientemente el jefe del Estado Mayor del Ejército, de una constante y extensa información.

Un ejército profesional demanda, ante todo, más dinero. Es necesario para ofrecer retribuciones dignas y atractivas a quienes deciden incorporarse a sus filas, en una elección que valora otras ofertas de trabajo; para facilitar una doble formación, la que requiere el ejercicio de la profesión elegida y la que permite después la incorporación a otros empleos cuando concluye el tiempo de compromiso, y para disponer también de las mismas prestaciones sociales que otros sectores de la Administración o de la empresa privada. Este tipo de medidas económicas se prolonga, como efecto ineludible, a toda la estructura jerárquica.

Hace diez años, el Ejército alemán anunciaba a sus mandos que no librarían sus primeras batallas en las llanuras europeas, sino en su propio mercado de trabajo, de modo que debían prepararse para competir por los jóvenes con las grandes empresas. Este consejo está siendo aplicado por nuestros Cuarteles Generales, que han creado grupos especializados para preparar la transición, analizando y poniendo en práctica soluciones a problemas tan dispares como el necesario cambio de la formación de los nuevos soldados, la racionalidad de los servicios militares, la idoneidad de los acuartelamientos o la disposición de simuladores de entrenamiento..., convencidos de que así será más fácil retener a quien ya está que efectuar nuevas captaciones.

Y aquí entran dos medidas clave: a quién se abre la incorporación y cómo se llevan a cabo servicios que no son estrictamente operativos, o, lo que es lo mismo, la necesidad de externalizar servicios cuya aplicación parece causar excesivas sorpresas. ¿Quiénes pueden incorporarse a los ejércitos? Todos los que lo deseen y sean aptos para ello. La posición del Ministerio de Defensa de abrir esta incorporación a hijos de emigrantes españoles no sólo me parece justificada, sino también acertada. Otra cuestión sería la forma de su difusión, aunque pueda servir de estímulo a otros.

Ahora bien, generalizar estas incorporaciones a nacionales de terceros países sí requiere ese sosegado debate sobre seguridad y defensa que no se ha producido. Y no se vea en esta posición un inconfesable racismo (soberana estupidez), sino la convicción de que unos presupuestos bastantes no obligarían a requerir de otros, siempre más necesitados, un compromiso que la Constitución identifica como derecho y deber de los españoles en garantía de los valores de convivencia que proclama, y que no puede sustituirse con el pago a otros para que lo asuman.

En este análisis interviene además la complejidad de los sistemas de armas de que hoy disponen los ejércitos, que conduce a la decisión ineludible de permanencia de quienes los tienen asignados. Esta permanencia sólo se conseguirá con una ampliación de la base de la pirámide de mandos: los suboficiales. En ellos deberá descansar definitivamente la formación del soldado, el manejo de los sistemas y la administración, único modo de conseguir unas fuerzas armadas de calidad, y no sometidas a los vaivenes de la captación. Deberá reducirse, en consecuencia, el tamaño de los ejércitos y modificarse también la tasa de encuadramiento, de modo que tienda a una igualdad, en número, de mandos y soldados.

La externalización de servicios es la solución complementaria a las medidas descritas, en cuanto permite que el soldado desarrolle exclusivamente servicios operativos, como ha afirmado el ministro de Defensa. Si es obligado que su número disminuya, las tareas relacionadas con seguridad, alimentación, limpieza y otras análogas deben ser desempeñadas por empresas especializadas, aunque deba mantenerse un núcleo básico de profesionales que pueda realizarlas cuando las unidades se desplazan de sus acuartelamientos.

La sociedad, que ha exigido la profesionalización, tiene que decidir ahora cómo se recauda el dinero que necesita o de qué partidas presupuestarias se extrae. Ésta es la cuestión.

Jesús del Olmo, general auditor (r), fue director del gabinete del ministro de Defensa de 1992 a 1995.