Más de 600 clientes de Gescartera se suman a la querella contra la sociedad

La asociación Adicae presentó ayer una querella ante la Audiencia Nacional con el fin de personarse en el caso Gescartera, en representación de 600 clientes afectados por la desaparición de, al menos 13.000 millones de pesetas en la agencia financiera. Gescartera fue intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que llevó el caso a la Audiencia Nacional.

La agencia de valores contaba con 12 sucursales repartidas por toda España, aunque estas delegaciones no estaban registradas y, por tanto, operaban fuera de la legalidad. La asociación Adicae ha comparecido como querrellante y solicita responsabilidad civil para la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y la firma auditora Deloitte Touche, ya que firmaron sin salvedades las cuentas de Gescartera del año pasado, cuando todavía no se había convertido en agencia de valores, sino que operaba como sociedad de cartera.

"Como las cuentas no tenían salvedades, muchos ahorradores colocaron su dinero en la confianza de que el funcionamiento era el adecuado. Además, resulta paradójico que la ONCE se querelle contra la agencia cuando ellos contaban con un consejero delegado y con los medios y el poder para enteresarse de la situación real", afirma Manuel Pardos, presidente de Adicae.

En la querella también se pide que declaren ante el juez todos los componentes del equipo de administración de Gescartera y que se les embarguen bienes por valor de 17.000 millones de pesetas, cifra que resulta de sumar al agujero las costas y los intereses.

Manuel Pardos considera que el 95% de los clientes eran pequeños y medianos inversores de edad avanzada y que sólo un 5% del dinero correspondería a instituciones. Apunta, además, que los clientes afectados habían formalizado con la agencia contratos de bolsa muy poco explícitos donde se daba a Gescartera grandes poderes para la gestión de los ahorros. "También se hacían ofertas de depósitos bancarios y pagarés con tipos que iban desde el 2,6% hasta el 5,6% anual. Una actividad, por otra parte, ilegal para una agencia de valores", explica Pardos.

La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha intensificado sus investigaciones. El pasado viernes registró dos viviendas del principal accionista y apoderado Antonio Camacho, que actualmente está en prisión. En estos registros encontró abundante documentación que llevaba a la juez a solicitar 10 peritos del Ministerio de Economía y del Banco de España para ir deshaciendo la madeja creada por Camacho y sus socios y encontrar los 13.000 millones desaparecidos.

Hoy declararán ante la juez,Laura García-Morey y su padre, el cantante y representante musical Jaime García-Morey, como imputados en el caso. Laura García-Morey es la novia de Antonio Camacho y figura desde el 12 de julio como administradora única de Dacna y Colombo, sociedad de promoción inmobiliaria, constituída en marzo de 1997 por Camacho y que cuenta con un capital social de 100 millones de pesetas.

En junio del pasado año, esta sociedad acordó ampliar su objeto social para realizar actividades de adquisición, tenencia y administración de valores mobiliarios, participaciones sociales, bonos y obligaciones, cotizados o no.

El número de clientes que han acreditado sus inversiones en la CNMV ascendía ayer a 588, con un volumen de dinero invertido de 7.423 millones de pesetas. Entre los afectados se encuentran la asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, el Arzobispado de Valladolid y el Obispado de Burgos. Se estima que sólo en la comunidad de Castilla y León hay más de mil clientes que confiaron sus ahorros a la agencia de valores.