El Gobierno traslada a la Generalitat la responsabilidad de adoptar medidas para evitar los apagones

El Gobierno central atribuye los reiterados cortes de suministro eléctrico en la provincia de Alicante a la 'dificultad de Iberdrola' para construir nuevas líneas, y sostiene que debe ser la Generalitat la que adopte medidas para facilitar la resolución del 'insuficiente desarrollo de la red'. Así lo afirma el Ejecutivo en respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el diputado socialista por Alicante Justo González.

Si bien el Gobierno se encuentra 'puntualmente informado' de esta cuestión, indica la respuesta, tendrá que 'ser la Generalitat Valenciana quien deba, en su caso, tomar medidas orientadas a facilitar la resolución de los problemas ocasionados por el insuficiente desarrollo de la red de distribución de energía eléctrica en la zona'.

Para González, el Gobierno admite en su respuesta que existe una situación de crisis y que el problema se debió resolver desde la Generalitat, informa Cristina S. Ulloa. 'Zaplana tiene competencia para instar a Iberdrola a que zanje los problemas de suministro, declaró ayer a EL PAÍS el diputado.

El Gobierno asegura que 'no se encuentra prevista ninguna condición restrictiva de la red de transporte de energía eléctrica'. Según los análisis y estudios realizados por el operador del sistema y gestor de transporte de energía eléctrica, Red Eléctrica de España, 'incluso en las situaciones más desfavorables e improbables, únicamente se alcanzarían situaciones en las que podrían verse afectados los niveles de tensión en la red, pero sin riesgo para la continuidad de suministro'.

El Ejecutivo insiste en que los problemas de la provincia de Alicante se deben a la dificultad de Iberdrola para construir nuevas líneas de distribución y recalca que estos aspectos de planificación y construcción de líneas de distribución quedan fuera de las competencias de la Administración General del Estado, al tratarse de instalaciones eléctricas cuyo aprovechamiento no sale del territorio de la Comunidad Valenciana.

El texto de la respuesta parlamentaria detalla la legislación vigente referida al asunto y recalca que es obligación de las empresas distribuidoras suministrar energía eléctrica y atender en condiciones de igualdad las demandas de nuevos suministros o ampliación de los existentes, con independencia de que se trate de suministro a tarifa o de acceso a las redes de las zonas en las que operan, sin perjuicio de que sea de aplicación el régimen de acometidas. Asimismo señala que en lo que se refiere a acometidas eléctricas, también las empresas eléctricas deben atender las demandas de energía en las zonas donde operen.

'En caso de incumplimiento de la calidad de atención al consumidor o discrepancias entre éste y la empresa distribuidora, la resolución de conflicto corresponde al órgano competente de la comunidad donde radique la instalación', apunta el Gobierno. Además los posibles expedientes sancionadores, si es que hubiera lugar a ellos, corresponden al órgano competente en materia de energía de la comunidad autónoma, según se establece la Ley del sector eléctrico.