La huelga argentina contra el plan de ajuste económico del Gobierno paraliza Buenos Aires

El temporal que se abatió sobre Buenos Aires desde las primeras horas de la mañana contribuyó a resaltar el estado de desolación de las calles de la ciudad, casi paralizada por la huelga general que declararon de forma conjunta las tres centrales sindicales. El paro fue la expresión de protesta contra el recorte del 13% en las jubilaciones y los salarios de la administración pública. Estos recortes forman parte de un ajuste general de gastos para alcanzar el déficit fiscal cero en las cuentas del Estado.

Éste es el sexto paro que los sindicatos peronistas convocan desde que gestiona el país el Gobierno de coalición que encabeza Fernando de la Rúa. La huelga se hizo sentir en las principales ciudades y pueblos de todo el país. La policía de la provincia de Buenos Aires tomó el control en los puentes de acceso desde el sur a la capital y se preparó para impedir que los grupos de deso-cupados y activistas cortaran el tránsito. No obstante, se produjeron numerosos cortes de calles y carreteras.

Transporte suspendido

La masiva adhesión de los sindicatos de camioneros y conductores de autobuses impidió el desplazamiento de los trabajadores. Las principales líneas de trenes no circularon, tampoco los escasos vuelos programados de Aerolíneas Argentinas y el metro contaba sólo con un dispositivo de emergencia. Los bancos no abrieron sus puertas y no hubo clase en las escuelas públicas.

Hasta las primeras horas de la tarde de ayer se habían registrado aislados incidentes violentos que sólo causaron perjuicios económicos. Tres hombres arrojaron un cóctel mólotov y provocaron el incendio de un taxi en un barrio de la capital. En Mar del Plata, al sur de Buenos Aires, un grupo de militantes gremiales destrozó seis autobuses.

El paro también dejó en suspenso las intensas gestiones entre los grupos parlamentarios de la Alianza en el poder, que corren una carrera desesperada contra el tiempo y sus propias iniciativas para reformar las medidas anunciadas por el Ejecutivo. El apoyo formal firmado con los gobernadores no se vio reflejado en el Congreso. El presidente Fernando de la Rúa, dispuesto 'a dar la vida' por su proyecto hace una semana, cuando firmó el decreto para reducir los gastos del Estado hasta alcanzar el déficit fiscal cero, admitió ayer que el Gobierno podría aceptar modificaciones a su plan de ajuste. Sobre la base de 300 dólares, el recorte incluye a 900.000 jubilados; si el tope de la remuneración se fijara en 500 dólares serían 500.000 los que sufrirían la rebaja y si se recortaran sólo las pensiones superiores a 1.000 dólares, los afectados serían 150.000.

El pico de la tensión política provocó una caída del 3,36% en el índice Merval, el más representativo de la Bolsa de Buenos Aires y un aumento de la tasa del riesgo país por encima de los 1.550 puntos básicos.