El CES pide que la ley favorezca que el suelo público sea para vivienda protegida

La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, conocida como Ley del Suelo, ha dado un paso más en su extensa tramitación (el primer borrador data de 1998) con el dictamen aprobado ayer, por unanimidad, por el pleno del Consejo Económico y Social (CES). El dictamen (no vinculante) de este órgano asesor de la Junta, recomienda modificaciones en lo relativo al destino del suelo público que gestionan los Ayuntamientos pero, en general, avala un texto que tiene en cuenta 'la realidad urbanística de Andalucía' y presenta varias 'innovaciones' con relación a leyes similares.

El CES, que reúne a representantes de empresarios, sindicatos, asociaciones agrarias, consumidores y asociaciones ecologistas, considera la regulación de los patrimonios municipales de suelo 'uno de los aspectos problemáticos' del anteproyecto elaborado por la Consejería de Obras Públicas. Estos patrimonios, que según la apreciación del dictamen 'no han funcionado adecuadamente' hasta ahora, se forman fundamentalmente a partir de la cesión 'obligatoria y gratuita' de una parte del suelo urbanizado del que se aprovecha en una promoción -el anteproyecto establece en un 10%- a los Ayuntamientos. El CES 'es partidario' de dejar en manos de los municipios la cuantía de la cesión, aunque siempre con un tope máximo del 10%, y recomienda restringir la posibilidad de sustituir esa cesión de suelo por un abono en metálico con la exigencia de una 'resolución motivada'. El dictamen pide que la ley establezca la vivienda protegida como destino 'preferente' de estos suelos públicos.

Catas arqueológicas

Otro aspecto que ha llamado la atención del órgano asesor que preside Rosamar Prieto es la 'necesidad' de que el anteproyecto de ley establezca que los planes urbanísticos que desarrollan los Ayuntamientos evalúen el estado de conservación del Patrimonio Histórico soterrado, para 'aumentar la seguridad jurídica y económica de los procesos urbanísticos' que pueden afectar al subsuelo. De hecho, el CES propone que el anteproyecto prevea 'indemnizaciones' a los titulares de los aprovechamientos del subsuelo, 'en el supuesto de que la existencia de yacimientos arqueológicos o la conservación del patrimonio histórico' impida o condicione el ejercicio de esos derechos.

El CES considera que el anteproyecto recoge de manera suficientemente amplia las necesidades de protección del litoral, mecanismos para garantizar la transparencia y publicidad de los procesos urbanísticos o una mayor agilidad en los trámites administrativos, que era una de las mayores exigencias de la patronal. El dictamen también valora como 'innovadoras' las figuras de intermediación privada (agentes edificadores, rehabilitadores y urbanizadores) que ha propuesto la Consejería de Obras Públicas para poner en mercado suelos y solares inactivos.

El CES da por buenas las medidas con las que la Junta prevé parar actuaciones iniciadas sin licencia y exige una mayor concreción en el ejercicio del derecho de tanteo que se reserva la Administración en las transacciones urbanísticas que se hagan en determinadas áreas.