La Junta garantiza cuotas máximas de 40.000 pesetas para adquirir viviendas de protección

La debacle de la vivienda protegida en los últimos años es evidente: en 1996 representaba un 38% de la vivienda de nueva construcción en España, en 2000 poco más del 5%. La principal razón, señalada por constructores y algunos Ejecutivos autonómicos es que durante estos cuatro años el precio básico de venta del metro cuadrado, que debe establecer el Ministerio de Fomento, ha estado congelado, mientras que los costes para los promotores no han parado de crecer, por lo que la mayoría ha abandonado la idea de promocionar la vivienda protegida.

Fomento, que achaca la tendencia a que la pujanza económica ha hecho más rentables para los constructores las viviendas libres, elevó en febrero ligeramente el precio básico del metro cuadrado (de 98.000 a 100.000 pesetas) y permitió a las comunidades autonómicas subirlo hasta un 25% (antes el máximo era del 15%). La Junta de Andalucía adoptó en tan sólo diez días la nueva normativa estatal y utilizó al máximo la capacidad de subir el precio básico en las cuatro provincias (Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada) donde había menos vivendas protegidas iniciadas, aunque los constructores exigían que esa medida se generalizara a toda la región.

Ahora, la Consejería de Obras Públicas ha elaborado un decreto (aprobado en el último Consejo de Gobierno del pasado mes de junio) para complementar las ayudas previstas en el III Plan Andaluz de Viviendas y que suponen un incremento presupuestario de unos 8.000 millones para este año y el siguiente, destinado, en principio a unas 25.000 familias. 'Nuestra apuesta es clara', comenta la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, quien defiende la necesidad de estas medidas: en el último ejercicio, las previsiones del Gobierno central se quedaron en el 50% (sólo se construyeron unas 35.000 viviendas sobre las 70.000 programadas); en Andalucía, el cumplimento fue mayor (un 70% de las 15.000 previstas) pero muy inferior a otros años.

La línea de ayudas se centra en las viviendas de régimen especial (ingresos menores a 2,5 millones al año); para incentivar la producción (se quiere llegar al menos al objetivo del plan, unas 2.500 viviendas anuales), se subvencionará al promotor con un 5% del precio de venta.

Créditos hipotecarios

La comunidad autónoma también se subvencionará el 5% de la cuota mensual de crédito hipotecario, ayuda que puede llegar al 10% en el caso de jóvenes (menos de 35 años), mayores (65 años), minusválidos y familias numerosas (tres hijos). Esto garantizaría que los pagos mensuales para adquirir estas viviendas (de unos 70 metros cuadrados de media) no superen las 40.000 pesetas mensuales.

El decreto de Obras Públicas también establece ayudas para viviendas cofinanciadas (1.900 actuaciones en pequeños municipios) en las que los pagos mensuales no superarán las 25.000 pesetas y para autoconstrucción (650 actuaciones). Todas estas medidas autonómicas complementan la ayuda estatal a la entrada de la vivienda.

'La política de vivienda de protección oficial es una política de oferta que puede acabar bajando el precio del suelo, y por tanto, de la vivienda de libre disposición, cuando esa oferta está en torno al 40% del mercado, la tendencia a la baja del precio es clara. Cuando desaparece esa oferta de vivienda a precio asequible, se dispara el precio de la vivienda de libre disposición', argumenta Concepción Gutiérrez, en una entrevista concedida a este periódico.