La juez desmonta la tesis policial contra la marcha antiglobalización

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, Consuelo Sanchís, acordó el pasado 5 de julio abrir 11 diligencias previas distintas y 2 juicios de faltas que en algún caso afectan a varios imputados. Sin embargo, ayer mismo ya notificó que cinco detenidos han quedado totalmente exculpados de todos los cargos.

Se da la circunstancia, además, de que en estos cinco casos la juez ha adoptado la decisión sin ni siquiera tomar declaración a los policías de paisano que practicaron las detenciones y que, por tanto, podían servir de testigos de cargo contra los detenidos. Las declaraciones de los detenidos ante el juzgado de guardia y el propio atestado policial han sido suficientes para que la juez adoptara esa resolución. La decisión judicial corrobora, de momento, el relato de los hechos que efectuaron varios afectados al ser puestos en libertad, cuando explicaron que la policía les detuvo de manera indiscriminada y sin que hubieran tenido ninguna relación con los graves destrozos ocurridos durante la manifestación.

Un portavoz de la Delegación del Gobierno de Cataluña aseguró ayer, al conocer estas resoluciones judiciales, que 'está claro que no todos los detenidos causaron destrozos al acabar la manifestación, ni todos los que causaron destrozos fueron detenidos'. El mismo portavoz recordó que la fiscalía no se ha pronunciado todavía en este proceso y que era prematuro vaticinar cuál sería el final de las diligencias.

La detención de las 21 personas, más otros dos menores de 18 años que han sido puestos a disposición de la fiscalía de menores, se produjo al finalizar la manifestación antiglobalización y después de una contundente carga policial. Previamente, la policía permitió que durante toda la manifestación un grupo de agitadores causara destrozos evaluados en más de 100 millones de pesetas en escaparates de bancos y tiendas del paseo de Gràcia de Barcelona y no detuvo a estos alborotadores, situados en la cola de la marcha y cuya actuación intentaron detener sin éxito los integrantes del servicio de orden.

La policía argumentó tras la polémica generada por la carga que no detuvo a esos agitadores porque se hubiera causado un grave perjuicio a manifestantes ajenos a los incidentes, pero los grupos antiglobalización consideran que la pasividad policial no pretendía otra cosa que utilizar esos disturbios para criminalizarlos tras una manifestación totalmente pacífica.

La juez que lleva el caso de la marcha antiglobalización celebrada el pasado 24 de junio en Barcelona ha rechazado la tesis policial de que los 21 detenidos al finalizar la manifestación cometieron un delito de desórdenes públicos y actuaron en grupo y de manera organizada, como aseguraban los agentes en su atestado.