El Consell propone 94 lugares para ser protegidos en la Red Natura 2000

El pleno del Consell de la Generalitat tuvo ayer un marcado acento social. El Gobierno valenciano aprobó el tercer Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO), un programa que incluye acciones de la Administración para la promoción de la mujer y acordó la constitución del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (IVADIS). El PIO abarca el período comprendido entre los años 2001 y 2004 y está dotado de un presupuesto de 72.124 millones de pesetas, según el consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, que lo presentó ayer junto a la consejera Portavoz, Alicia de Miguel. Blasco apuntó que el grueso de esta suma, unos 40.000 millones, se destinará a la promoción del empleo femenino y la economía social y que durante este año la inversión prevista es de unos 14.000 millones. Otros de los aspectos incluidos en el plan que aprobó previamente el Consejo Valenciano de la Mujer son iniciativas destinadas a reducir la violencia de género, incluir el principio de igualdad de oportunidades en los expedientes de contratación de la Administración o programas de reeducación de los agresores o la elaboración de una ley destinada a promover la igualdad de género.

El decreto de constitución del IVADIS, una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia encargada de la atención, tutela e insercióin de discapacitados, era una de las cuestiones pendientes de Bienestar Social, tras la tranformación del los servicios del Consorcio Valenciano de Servicios Sociales (Convaser). El instituto, que dependerá de la consejería, se ocupará de gestionar centros propios, y ofrecerá programas de formación y asistencia. A estas dos medidas se añadió la ceración del Punto de Encuentro, un programa que ofrece el uso de un lugar neutral para ejecutar los régimenes de visitas en los separaciones o divorcios. El leno no abordó la vacante en la Dirección General de la Familia, desierta desde la salida de Alejandro Barona por su oposición a la ley de parejas de hecho.El pleno del Consell aprobó en su sesión de ayer la lista de los 94 Lugares de Interés Comunitario (LICS) propuestos por la Comunidad para la constitución de la Red Natura 2000, un sistema de espacios naturales de toda Europa que contarán con financiación de Bruselas. Estos emplazamientos abarcan un 26% del territorio de las tres provincias valencianas, un porcentaje que corresponde a 685.862 hectáreas. La consejera portavoz señaló que con esta extensión, superior al 16% que existe en la actualidad, la Comunidad rebasa la media nacional, situada en un 22%, y también la europea.

Estos lugares presentan hábitats o especies considerados prioritarios. De las 685.862 hectáreas, 624.153 son terrestres, y las otras 61.709, marinas, entre las que se encuentran praderas de posidonia (alguers) unas algas vitales para el mantenimiento de la calidad de las aguas marinas de la costa. Recientemente la asociación ecologista WWF/Adena denunció que la propuesta oficial del Consell a la Red Natura 2000 no incluyó la gran mayoría de praderas de la Comunidad, fundamentalmente las que existen en las provincias de Valencia y Castellón y, si bien incluye algunas praderas de la costa alicantina, también excluye grandes extensiones situadas frente a las comarcas de Las Marinas y La Vega Baja. Entre los lugares propuestos para formar parte de la red figuran el Penyagolosa, la Serra d'En Garcerán, el río Bergantes, la Serra d'Irta, las Islas Columbretes, el Desert de Les Palmes, la costa de Oropesa, los marjales de Nules y de Almenara, la Sierra Calderona, los ríos del Rincón de Ademuz, la Sierra del Negrete, La Albufera, el marjal de La Safor, el de Pego-Oliva, el Montgó, Aitana, o las salinas de Santa Pola.

Convenios con el Inem

De Miguel también se refirió a la aprobación de cinco convenios de colaboración entre la Generalitat y el Instituto Nacional de Empleo (Inem) para la colaboración en materia de información y estadística, colaboración en programas de formación profesional ocupacional así como la regulación de la Comisión de Coordinación y Seguimiento. Por otra parte, aprobó el Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la Administración de la Generalitat y sus organismos autónomos, y que afectará a un total de 98.000 empleados públicos.

La contratación y posterior ejecución de la tercera fase de las obras de abastecimiento de agua potable a las comarcas de la Ribera, con un presupuesto de licitación de 2.142 millones de pesetas, fue otro de los aspectos abordados. El objetivo de estas obras es dotar de agua de calidad a esta zona con el fin de solventar los problemas de nitratos que afectan en la actualidad al agua de abastecimiento de estos municipios. Las obras autorizadas incluirán el abastecimiento del margen izquierdo del Júcar, como Algemesí, Albalat y Sueca, a los que se añaden Polinyà, Riola y Fortaleny llegando, en el caso de Sueca, hasta el Mareny.