A media luz

Aunque nunca seremos -los datos sobre nuestro paupérrimo esfuerzo en investigación y desarrollo tecnológico son concluyentes- la soñada California de Europa, California se nos cuela ahora subrepticiamente bajo la forma del temor generalizado al blackout, al apagón. No le faltaba razón a M. A. Fernández Ordóñez al señalar que sin embargo, y a nivel global español, sólo nos parecemos en el miedo. Los síntomas pueden parecer idénticos, la etiología es diferente. En California llevan más de diez años sin construir ni una sola planta generadora a pesar de sus problemas energéticos. Como gráficamente indicaba el secretario de Energía estadounidense, Spencer Abraham, 'los americanos adoran la energía pero odian la producción de energía'. Tampoco nos gusta mucho a nosotros, más bien nada, la central nuclear de Cofrentes aunque, paradójicamente, es Cofrentes quien nos garantiza el 77,75% de nuestra producción, pese a lo cual importamos de otras comunidades casi el 40% de nuestra demanda total. Luego nosotros, más aún que los californianos, sí somos altamente deficitarios en cuanto a la generación de energía pero, dada la integración del sistema eléctrico español, esto no debería afectar en nada a la calidad y continuidad de nuestro consumo eléctrico.

En efecto, el principal problema de California -vuelvo a las palabras de mister Abraham- 'es simplemente la incapacidad para llevar energía desde el sur del país, donde tienen excedente, hacia el norte deficitario' Problema general en los EE UU hasta el punto que la principal meta del Departamento de Energía es introducir los cambios legislativos necesarios para crear 'un verdadero sistema de conexión eléctrica interestatal, una superautopista para la electricidad'. Aquí se separan nítidamente nuestros problemas y los suyos porque esta interconexión de nuestro sistema eléctrico existe en España desde que un gobierno socialista creó, en 1985, la empresa pública Red Eléctrica de España, imprudente y temerariamente privatizada por un gobierno popular, en su marea seudoliberalizadora y desreguladora, que es una de las causas de los males que padecemos.

Veamos unas cuantas cifras, las imprescindibles, para comprobar que éste es un camino que se inicia a los pocos meses de que Aznar llegue a la Moncloa, cuando el inefable Piqué, a la sazón ministro de Industria, firma el 11 de diciembre de 1996 con Iberdrola, Unesa, Endesa, Fenosa y las extintas Fuerzas Eléctricas de Cataluña y Compañía Sevillana de Electricidad el llamado Protocolo para el establecimiento de una nueva regulación del sistema eléctrico nacional. Un sistema que hoy por hoy es casi autosuficiente en generación de energía -nuestras importaciones son insignificantes- en relación con la demanda actual. ¿Cuál es entonces nuestro problema? Obviamente, el transporte y la distribución hasta los puntos de consumo, para lo cual es preciso construir nuevas líneas y subestaciones transformadoras.

Pero resulta que en los cinco años de gobierno de Aznar, desde 1996 al 2000 -y aviso que utilizo cifras de la propia Red Eléctrica Española SA- los kilómetros de línea a 400 kV han crecido al tremendo ritmo medio anual del 1,34%, con cero absoluto en el bienio 1998-99. De inversiones en mejoras y renovación de la red ya instalada ni hablamos. La extensión de las líneas a 220 kV, para el mismo periodo, aumenta vertiginosamente a un media del 0,18% anual, con crecimiento cero asimismo en los años 1998, 1999 y 2000 y la capacidad de transformación se ha visto incrementada a una media del 1,8%, siendo nulo el aumento en los años 1997-98. Solamente en el año 2000 el crecimiento medio de la demanda española fue del 6,25%. Huelgan los comentarios y sólo caben improperios y diatribas sobre la falta de previsión, la desidia y la incapacidad de un gobierno sometido a los intereses de los grandes operadores, a los que encima intenta regalarles un billón y medio de pesetas en concepto de unos presuntos costes de transición a la competencia, sin fijarles unos mínimos estándares de calidad y garantía en el suministro.

Y encima Rato -uno de los grandes culpables- culpa del problema a las autonomías y las autonomías culpan a los ayuntamientos. Los alcaldes, que yo sepa, todavía no han culpado al párroco o al pregonero del lugar sino que, razonablemente, exigen que las líneas se construyan con el mínimo impacto mediambiental y paisajístico, preferiblemente enterradas, y sin riesgo de radiación para los núcleos poblados.

La situación pinta mal y los avisos (¿amenazas?) de los ejecutivos eléctricos hay que entenderlos como un arma más de su lucha con el Gobierno en demanda de menos regulación (¡aún menos!) y previsibles aumentos de tarifas. Si además logran, siguiendo la línea de moda en USA, romper la moratoria nuclear -hay que agradecer la sinceridad de Alfonso Cortina al respecto- pues mejor para sus intereses, que serán legítimos en una economía de mercado pero no son los intereses generales por los que deben de velar los poderes públicos frente a los monopolios. Unos poderes que mientras en Baleares sancionan a la compañía responsable de los apagones y en Cataluña preparan decretos reguladores, en nuestro ámbito autonómico han pasado a la clandestinidad.

Castelló que, como la mayoría de mis lectores ignora, es el consejero responsable de Industria, sigue aquejado de su pertinaz alalia y todavía no se ha pronunciado al respecto aunque no sabemos si en su mudez influye la gaseosa y, por lo visto, electrificante sombra de Olivas, vicepresidente de la Generalitat. Zaplana, que ha jurado defender nuestro Estatuto de Autonomía, no parece saber que en su artículo 31, apartado 16, se recoge como competencia exclusiva de la Generalitat 'las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía' en territorio de la Comunidad Valenciana. Amén de que todas las competencias de inspección, sanción, garantía del servicio público y, en general, la policía industrial al respecto están transferidas a la Generalitat desde 1983. Por lo cual, con su inacción y su falta de capacidad política frente a intereses privados, podría resultar que el mismo Zaplana, que utilizó a Benidorm como su trampolín político, acabase siendo el mayor peligro que se ha cernido sobre este modelo turístico -y sobre nuestra costa en general- desde la crisis del agua que sufrió Benidorm hace veinte años. Y su sucesor en la alcaldía de esta ciudad, Vicente Pérez Devesa, debería de embestir menos a Iberdrola -que eso es gratis- y más a la Generalitat y a la Moncloa, últimos responsables de esta peligrosa situación para nuestros intereses turísticos y comerciales a la que estamos abocados, por no hablar de los sufridos ciudadanos y sus familias. Que den la cara, pero ya.

Segundo Bru es catedrático de Economía Política y senador socialista por Valencia.