La policía surafricana detiene a 200 personas para atajar una masiva ocupación ilegal de tierras

Miles de surafricanos han decidido ocupar terrenos gubernamentales y particulares en el este de Johanesburgo, en una desesperada maniobra por encontrar un lugar donde vivir. Y de paso han convertido en realidad una de las peores pesadillas del Gobierno: el comienzo de una ola de ocupaciones ilegales al estilo de Zimbabue. Ayer, la policía intervino con dureza y detuvo a 200 personas.

Desde el miércoles, la gente hacía filas ordenadas para pagar los 25 rands (unas 600 pesetas) que pide el partido de la oposición Congreso Pan Africano (CPA) para registrar a su nombre los terrenos. El Gobierno acusa al CPA de violar la ley.

'Los surafricanos encontrarán un terreno por sí mismos', dijo el secretario general del CPA, Thami ka Plaatjie, a un grupo de periodistas tras haber hablado con algunos de los que invadieron las 32.000 héctareas de Bredell, una propiedad conjunta del Estado, dos particulares y las compañías paraestatales Transnet (de ferrocarriles) y Eskom (de electricidad).

'El número de desposeídos que invadirá propiedades irá en aumento mientras el proceso de restitución de la tierra por parte del Gobierno siga siendo tan ineficiente', agregó Ka Plaatjie. 'No se puede esperar que nuestro pueblo siga manteniendo la paciencia', dijo.

Muchos de quienes participan en la ocupación han estado en listas de espera para recibir viviendas subvencionadas desde hace seis años. Es el caso de Evelyn Moholola, quien se tomó el día libre para participar en la ocupación, pues escuchó que el CPA había prometido obtener para ellos una propiedad. 'Ésta es mi última oportunidad', dijo la mujer, de 45 años.

Ka Plaatjie, en tanto, advirtió de que 'lo que ocurre en Zimbabue podría ser un picnic de domingo comparado con lo que puede ocurrir aquí'. El CPA recaudó 179.000 rands (4,3 millones de pesetas) de los aspirantes a una propiedad. El dirigente político aclaró que dicho dinero no era para comprar el terreno ocupado, sino una colecta realizada por la comunidad para pagar en parte los gastos legales, frenar la orden de evacuación solicitada por el Gobierno a los tribunales y proveer de agua, instalaciones sanitarias y otros servicios.

Ka Plaatjie negó que las ocupaciones puedan frenar inversiones extranjeras en el país, como ha ocurrido en el vecino Zimbabue. 'En todo caso, no hemos visto que desde 1994 lleguen a este país inversiones que mejoren sustancialmente el nivel de vida del pueblo', dijo.

El Gobierno sabe que las percepciones son importantes en la economía y por eso movilizó a los ministros de Seguridad y de Tierras para evitar que en el extranjero se piense que el Gobierno alienta este tipo de prácticas. Las inversiones han bajado en Suráfrica en parte por los problemas que existen en los países vecinos.

Pero la comparación con Zimbabue le hace poca justicia a Suráfrica. Las ocupaciones en este país son para erigir viviendas y en muy contadas ocasiones se ha tratado de tomas de terrenos agrícolas. El Gobierno del Congreso Nacional Africano ha entregado un millón de viviendas desde que llegó al poder, en 1994, pero muchas más personas esperan aún.

En los años del apartheid, el 70% de la tierra estaba en manos de los blancos, que representan el 15% de la población. Para enfrentar esta desigualdad, el Gobierno lanzó un plan para redistribuir gran parte de la tierra en manos de blancos, que comprende tres puntos: la venta voluntaria de las granjas o, donde la expropiación está justificada, el pago del precio de mercado del terreno; la supresión de los llamados homelands (zonas exclusivamente negras) y la devolución a los descendientes de los terrenos o propiedades injustamente expropiados desde que se promulgó el Acta de la Tierra, en 1913. Son 65.000 las peticiones de restitución levantadas hasta diciembre de 1998, fecha tope para presentar dichas solicitudes.