La repesca de extranjeros revela otra discriminación de Interior por provincias

La revisión de los 57.000 expedientes que fueron rechazados en el proceso de regularización del año 2000 porque los solicitantes no pudieron demostrar su estancia en España antes del 1 de junio de 1999 presenta resultados sorprendentes. El porcentaje de expedientes desestimados varía desde el 91,3%, en Melilla, hasta el 0%, en provincias como Huelva o Zaragoza, según un balance realizado por la Secretaría de Estado para la Inmigración fechado el pasado 25 de junio. Un portavoz del Ministerio del Interior consideró ayer 'precipitado' hacer comentarios sobre este balance.

Tras Melilla, los mayores porcentajes de expedientes rechazados corresponden a provincias tan lejanas como Ceuta (83,7%), Málaga (79,6%), Huesca (73,7%), Ávila (71,4%) o A Coruña (70,4%). Frente a ellas, un total de 13 delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han aprobado todas las solicitudes presentadas. En este caso se encuentran provincias gallegas (Ourense), castellanoleonesas (Zamora), castellanomanchegas (Guadalajara), aragonesas (Zaragoza), andaluzas (Huelva)...

El contraste es más escandaloso al cotejar los resultados de este proceso de revisión en provincias vecinas, como Málaga (en donde fueron rechazadas el 79,6% de las solicitudes) y Granada (donde fueron admitidas todas). O en A Coruña (70,4%) y en Ourense (0%). O en Ávila (71,4%) y en Segovia (0%).

Lugares en los que fue rechazado un número muy elevado de expedientes durante la regularización de 2000 han abierto ahora la mano. Es el caso de Barcelona. El año pasado la subdelegación del Gobierno en esta ciudad desestimó el 71% de las solicitudes; ahora ha rechazado sólo el 5,1%.

Un portavoz de este organismo declaró ayer a EL PAÍS que el alto índice de peticiones aceptadas se explica porque el Ministerio del Interior ha aplicado 'los criterios más amplios posibles', informa Pere Ríos. Esa promesa, recordó la misma fuente, ya se recogía en el acuerdo firmado con los encerrados en Barcelona, que puso fin a varias semanas de huelga de hambre en las iglesias de esta ciudad y que el ministro Mariano Rajoy anunció luego que aplicaría a toda España.

En cuanto a la enorme diferencia entre el porcentaje de denegaciones de ahora y el registrado en la regularización de 2000, el portavoz aseguró que entonces 'se produjo un enorme fraude en la provincia' debido a un efecto llamada que atrajo a miles de inmigrantes que vivían en otros países europeos y que no cumplían ninguno de los requisitos de la regularización.

Los portavoces de las delegaciones del Gobierno localizados por este periódico a última hora de la tarde de ayer dieron explicaciones dispares sobre los resultados de la revisión de expedientes en su provincia. El de Málaga puso en duda que el dato de 79,6% de expedientes rechazados en su provincia fuera correcto, informa Ignacio Martínez. En cualquier caso, alegó que 'se corrió un rumor entre inmigrantes subsaharianos de España y de otros países de Europa, que acudieron en masa a presentar sus solicitudes, sin acompañarlas de ningún documento que acreditase su residencia' en España.

El portavoz de la delegación de Huelva, donde fueron aprobadas todas las solicitudes presentadas, afirmó que este resultado se debía a que 'los inmigrantes cuya regularización fue rechazada en 2000 se encerraron en una iglesia y todos sus expedientes fueron aprobados'.

En total, el Gobierno ya ha revisado de oficio 50.193 de los 57.776 expedientes que había rechazado en el anterior proceso de regularización porque los solicitantes no pudieron demostrar que se hallaban en España antes del 1 de junio de 1999. De ellos, ha aprobado 34.361 y ha desestimado 15.832. El porcentaje de rechazados es del 27,4%. La revisión comenzó el pasado 5 de marzo. Las peticiones aprobadas están siendo documentadas con un permiso de trabajo y de residencia, un permiso de residencia o una tarjeta de residencia en régimen comunitario, dependiendo de las solicitudes.

Al último proceso extraordinario de regularización se presentaron 245.000 personas, de las que fueron admitidas 150.000, es decir: el 61,22%. En aquella ocasión, la disparidad de resultados entre las provincias osciló entre el 1,8% de rechazados (en Asturias) y el 71% (en Barcelona) y provocó un fuerte escándalo político.