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Hermosín pide al Gobierno central que el incremento salarial de los funcionarios se acerque al IPC 'real'

La consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín, manifestó ayer su deseo de que el Gobierno central se olvide de la previsión del IPC (2%) a la hora de negociar el incremento de las retribuciones básicas de los funcionarios para 2002 y adopte una postura más realista, o lo que es lo mismo, al alza.

En una conferencia de prensa tras presentar a los sindicatos el borrador de la futura ley autonómica de Función Pública, la consejera recordó que la Junta no tiene competencia para subir el sueldo de los trabajadores públicos más allá de lo que fije el Gobierno.

Aún así, los funcionarios andaluces verán incrementado sus retribuciones un 1% más de lo que decida Madrid, en virtud del acuerdo firmado en 1999 entre la Administración autonómica y los sindicatos y que se financia con partidas especiales salidas de las arcas andaluzas. En 2000, algunos de los funcionarios tuvieron incrementos de entre el 3,6% y el 3,9%, cuando el Gobierno central lo fijó en el 2%.

Hermosín aseguró que entre 1999 y 2001 el número de empleados en la función pública andaluza se incrementó en 2.358 personas, aunque no se atrevió a cuantificar el efecto que la puesta en marcha de la jornada laboral de 35 horas puede haber tenido en estas contrataciones.

Con respecto a la borrador de la ley autonómica de Función Pública que ayer entregó a los representantes sindicales, la consejera aseguró que había tenido una muy buena acogida por parte de los representantes de los trabajadores y que se someterá al debate de todos los funcionarios. Por el momento, está previsto colgar este borrador de una página web, en la que los funcionarios podrán incluir sus opiniones o sugerencias.

Esta nueva ley sustituirá a la actual, que lleva cerca de 17 años en vigor, y está destinada a contemplar la nueva realidad de la Administración andaluza, con el crecimiento competencial y de personal que se ha dado desde entonces.

Sin embargo, esta norma podría entrar en colisión con la reglamentación que en un futuro previsiblemente próximo deberá poner sobre papel el Gobierno central. Aunque esta posibilidad exista, Hermosín aseguró que 'no se podía esperar más tiempo' y la Consejería ha decidio tomar esta iniciativa. También se aprobó la creación de comisiones encargadas de velar por la seguridad laboral de los funcionarios.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2001