Dos testigos protegidas permiten condenar por proxeneta a un jefe del penal de Navalcarnero

El fallo judicial decreta, además, el cierre del hotel Brisas durante tres años por servir de enclave para cometer estos delitos de prostitución. La juez María Quesada, del Juzgado de lo Penal número 6 de Madrid, afirma que los acusados retuvieron a las mujeres en el hotel, 'sin dejarlas salir solas a la calle', hasta cobrarse de cada una de ellas los 8.000 marcos (en torno a 700.000 pesetas) que les habían prestado para viajar desde Rusia a España. Cuando llegaron a Madrid, las mujeres ignoraban que el trabajo prometido era la prostitución.

La pena más alta de las impuestas -cuatro años y ocho meses de cárcel por coacciones a la prostitución- ha recaído en Luis Fernando B. R., jefe de servicio de la prisión de Navalcarnero. Tras la sentencia, Instituciones Penitenciarias le ha suspendido de empleo por entender que el veredicto cuestiona su capacidad para contribuir a la 'reeducación' de los internos. Durante la suspensión cobrará el 75% del sueldo.

La ejecución de esta sentencia, que es firme al haber sido confirmada por la Audiencia, está pendiente de la tramitación del indulto solicitado por los reos. Además del funcionario penitenciario, también han sido condenados por coacciones a la prostitución María del Pilar P. A., dueña del hotel, Vidal S. M. y José Luis R. C., quienes, como cómplices, indujeron a la prostitución a estas mujeres, de nacionalidad rusa.

La retención y las amenazas que sufrieron estas inmigrantes llegaron a los juzgados después de que dos de ellas relatasen las coacciones que sufrían por parte de los acusados y cómo llegaron ilegalmente y sin pasaporte a España. El juzgado que instruyó el caso, el número 8 de Madrid, les dio la consideración de testigos protegidas. 'Las acusadas', cuenta la juez en su sentencia, 'no disponían de dinero en efectivo y no podían abandonar el local solas ni llamar por teléfono; y si por algún motivo tenían que salir, siempre iban acompañadas por alguno de los acusados, que en alguna ocasión incluso llegaron a amenazarlas con venderlas a un club en el que se infligían malos tratos a las chicas'. En el juicio, celebrado el pasado diciembre, y oculta tras un biombo, una de las mujeres prostituidas comentó que el aislamiento del exterior era tan férreo que incluso las ventanas de sus habitaciones tenían rejas.

Según la sentencia, fue el funcionario de prisiones quien captó a las chicas y las llevó al hotel para trabajar. Luis Fernando no era el dueño del local, pero sí lo visitaba con mucha frecuencia. En una ocasión comenzó a dar gritos al enterarse de que una de las inmigrantes había salido sola para ir a una farmacia, según ha declarado una de las víctimas.

Cano y Sánchez

La sentencia decreta la clausura durante tres años del citado hotel, situado en el barrio de Campamento (Latina). La dueña del local, Pilar P. A., denunció el pasado marzo al ex consejero socialista y a la sazón vicepresidente de Telemadrid Virgilio Cano y al edil socialista Fernando Sánchez por un presunto cohecho. Pilar P. A. denunció que había dado seis millones de pesetas a ambos para que éstos gestionasen ante el Ayuntamiento el papeleo preciso para poner en funcionamiento su hotel. La denuncia contra ambos políticos fue presentada cuatro semanas antes de que el Consistorio precintase el local en abril argumentando que carecía de la licencia de funcionamiento.

Cuando el Ayuntamiento precintó el hotel, la sentencia que ahora ha ordenado su cierre y ha condenado a cuatro personas había sido recurrida a la Audiencia y no era aún firme. El presidente de la Junta de Latina, Antonio Moreno, declaró entonces que el establecimiento había sido precintado porque 'tenía una licencia provisional de hotel, pero no de prostíbulo'. 'Muchos vecinos me han dicho que ese negocio no era precisamente de hotel', señaló Moreno.

Tras la denuncia de la dueña del local, el PSOE suspendió cautelarmente de militancia a Cano y a Sánchez, que negaron su implicación en los hechos.