El fiscal Anticorrupción acusa a Cardenal de no ajustarse a la legalidad en el 'caso Piqué'

Carlos Jiménez Villarejo, fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, acusó ayer al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, de no ajustarse estrictamente a la legalidad en el 'trámite seguido' en el caso Ercros. Cardenal ha convocado para el martes a la cúpula fiscal para intentar neutralizar el acuerdo de la Junta de Sección de Fiscales del Tribunal Supremo a favor de imputar al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. Villarejo defiende que el fiscal del caso, Bartolomé Vargas, pueda informar personalmente el día 10 a la Junta de Fiscales de Sala, pero Cardenal se opone porque Vargas no es 'de primera categoría'.

El escrito dirigido por Jiménez Villarejo a Cardenal pone en duda que sea regular la Junta convocada para el día 10, ya que no es para resolver una diferencia de criterios entre los fiscales del Tribunal Supremo, sino porque es el propio Cardenal quien discrepa de los diez fiscales que apoyan la imputación de Piqué.

Villarejo invoca el artículo 17 del Estatuto del Ministerio Fiscal para recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo está integrada por una serie de fiscales bajo la jefatura directa del fiscal general del Estado. Por tanto, en la junta de fiscales del Supremo que avaló la imputación de Piqué sostenida por Vargas, el fiscal jefe no era José Aranda, sino Cardenal. Con este argumento, Villarejo entiende que la discrepancia de Aranda no justifica la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala.

'Es evidente', añade, 'que en la fiscalía del Tribunal Supremo, el fiscal jefe es exclusivamente Vuestra Excelencia, sin que, por tanto, tengan la consideración de fiscal jefe los fiscales de Sala, cualquiera que sea el orden organizativo interno de la Fiscalía del Supremo'.

Discrepancia irrelevante

Jiménez Villarejo prosigue en su argumentación: 'Ante el acuerdo mayoritario [por 10 a 2] de la Junta de la Sección de Fiscales del Tribunal Supremo que preside (...) José Aranda Calleja, a favor de que fuera citado como imputado el ministro excelentísimo señor don Josep Piqué i Camps en la causa especial 510 / 98 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la discrepnacia del señor Aranda no tiene la relevancia prevista en el artículo 24 del Estatuto para los supuestos de discrepancia de un fiscal con la Junta de fiscalía'.

Como prueba de que la responsabilidad corresponde estrictamente a Cardenal, Villarejo añade: 'No en vano, el propio artículo 24, cuando hace referencia a la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo, atribuye la resolución de la discrepancia al fiscal general del Estado'. En consecuencia, 'debemos suponer', añade Villarejo, 'que en el presente supuesto la discrepancia con el acuerdo de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo es de Vuestra Excelencia'.

Al margen de estas consideraciones, el fiscal jefe Anticorrupción, dada 'la trascendencia que representa para el Ministerio Fiscal que la Junta de Fiscales de Sala pueda, eventualmente, desautorizar un acuerdo mayoritario de fiscales del Supremo, hecho sin precedentes en la historia reciente del Ministerio Fiscal', considera que 'ante un informe [se refiere al contrainforme elaborado en la Secretaría Técnica para exculpar a Piqué], emitido sin que conste su autoría, en el que se contradice radicalmente (...) el acuerdo mayoritario de los fiscales del Supremo, debiera el señor Vargas tener la oportunidad de exponer sus tesis ante la Junta de Fiscales de Sala, sin perjuicio de que posteriormente no continue presente en la misma'.

Resolución del conflicto

Jiménez Villarejo dice que esa exposición de Vargas, a la que Cardenal se opone, 'sería un signo de resolución del conflicto, mediante una fórmula equilibrada, ya que, de lo contrario, la última palabra está concedida a un informe de autoría desconocida'.

Cardenal calificó ayer en el pazo de Mariñán (A Coruña) de 'normal' haber solicitado a la Secretaría Técnica un informe que exculpa a Piqué, directivo de Ercros en la época en que se produjo una supuesta apropación indebida de 13.800 millones de pesetas y el pago de 10.000 millones en comisiones por la venta de Ertoil a la petrolera francesa Elf, informa Xosé Manuel Pereiro.

Antes de participar en la Escuela de Verano del Poder Judicial, Cardenal desmintió ser el Defensor del Gobierno, tal y como le había acusado el secretario de organización del PSOE, José Blanco. 'No defiendo al Gobierno o al ministro Piqué, sólo soy el defensor de la legalidad. Aquí, ahora y siempre', enfatizó.

En cuanto a la solicitada presencia de Vargas en la Junta de Fiscales de Sala, manifestó: 'La junta es de fiscales de Sala, de fiscales de la primera categoría, y el señor Vargas no lo es, y por tanto no le corresponde estar presente'. Por su parte, Vargas, en declaraciones a la Cadena SER, atribuyó a 'un momento pasional' las manifestaciones suyas que publicó el miércoles EL PAÍS, muy críticas con el contrainforme de la Secretaría Técnica, y pidió disculpas 'si por descuido he vertido', dijo, 'alguna frase que no sea exclusivamente llevada por el respeto'. Anticipó asimismo su respeto por la decisión que tome el fiscal general, 'que es el que tiene la más alta y difícil responsabilidad', aseguró.