Unas pesquisas que empezaron en 1995
Bartolomé Vargas, el fiscal del Supremo encargado del caso Ercros, se mostró ayer muy indignado por lo que había podido conocer del denominado contrainforme sobre la imputación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, a quien, según recordó, 'se está investigando desde 1995'.
Vargas evocó la denuncia de Nueva Izquierda, que tramitó la Fiscalía Anticorrupción, y cómo, tras estar imputado por falsedad, estafa y alzamiento de bienes, 'se ha utilizado el aforamiento desde 1996 para eludir que la investigación continuara'.
El asunto de la venta de Ertoil , que ya investigaban jueces franceses desde 1995, pasó del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid a uno de Barcelona, 'y gracias al fuero de 1996 Piqué eludió una investigación que ya le apuntaba, cuando fue nombrado ministro, de forma que siempre ha eludido declarar', señaló el fiscal.
Vargas manifestó su indignación porque 'los procedimientos para contradecir mi informe', dijo, 'avalado por diez fiscales penales frente a dos, tras un debate jurídico, son irregulares, casi escandalosos y, desde luego, de mal estilo, al convertir a la secretaría técnica en instancia revisora de un acuerdo de fiscales penales'.
Además del procedimiento, Vargas se quejó del tono 'descalificante del contrainforme, para dar cobertura exculpatoria a lo mismo que alega Piqué, pero en el estilo típico del abogado mediocre que se obsesiona con atacar al fiscal'.
De sus 25 años de experiencia como fiscal, Vargas encontró similitudes entre el contrainforme de la secretaría técnica y 'los alegatos de los abogados centrados sólo en destrozar al fiscal'.
