El jefe de la Policía Foral no tendrá que ser militar o mando de las FSE

La Policía Foral, un cuerpo de seguridad que cuenta ya con cerca de 600 agentes y tiene encomendada la custodia de edificios y autoridades públicas de Navarra, así como el control del tráfico junto con la Guardia Civil, no tendrá necesariamente que ser dirigida como hasta ahora por un profesional procedente de las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad del Estado. La nueva regulación de los cuerpos policiales navarros, aprobada por todos los partidos parlamentarios con la única oposición de UPN, elimina la exigencia de que un militar dirija a los policías forales y establece que ese puesto sea de designación directa por parte del Gobierno de Navarra entre personas de su confianza.

Mientras la oposición acogía de buen grado el texto presentado por Izquierda Unida como enmienda a la totalidad al proyecto inicial de UPN y lo convertía en ley, el Gobierno de Miguel Sanz reaccionó con visible enfado ante la enésima constatación de su minoría y calificó de 'bodrio' el texto aprobado. De hecho, UPN propició la sustitución del anterior jefe de la Policía Foral, el comandante del Ejército Manuel Jaramillo, por el pamplonés José Ignacio Sánchez Trueba, también comandante de Tierra. Además, el equipo de Gobierno de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, encabezado por la alcaldesa de UPN, Yolanda Barcina, designó como jefe de la Policía Municipal de Pamplona a un militar, el comandante en la reserva Simón Santamaría, en sustitución de Josu Ganuza, un hombre de exclusiva carrera policial.

Rechazo de UPN

La oposición navarra ha conseguido la reordenación de la carrera de las policías locales y de la Policía Foral, cuyos miembros ascienden de categoría, regula el régimen de actuación de los alguaciles y las unidades de policía judicial, y establece cauces de movilidad entre los distintos cuerpos mediante la asignación de unos cupos en cada convocatoria de ascensos. El portavoz de UPN, Alberto Catalán, expresó el rechazo de su grupo a la ley por diversos motivos, entre los que citó la ausencia de consenso con los municipios afectados, la autorización a los alguaciles para que porten armas de fuego, pese a su falta de preparación para ello, y la ausencia de una evaluación que concrete la repercusión económica que suponen los cambios introducidas en el texto.

UPN protestó porque su intento de regular sólo las unidades de policía judicial ha acabado convirtiéndose en una nueva regulación de las policías locales y Policía Foral, sobre la base, además, del Plan Director de este último cuerpo, aprobado por el Parlamento navarro en 1994 y que UPN no ha desarrollado. Los aspirantes a policías locales o forales de Navarra tendrán la consideración de funcionarios en prácticas durante del curso de formación y podrán percibir retribución salarial y cotizar a la Seguridad Social. Miguel Sanz ha anunciado que, pese a las 'dudas de constitucionalidad' de algunos de los extremos del texto de IU-EB, el Ejecutivo no lo recurrirá.