Gota a gota

Un metro cúbico de agua potable le cuesta a un malagueño, por término medio, 73 pesetas, mientras que por la misma cantidad de líquido un almeriense paga más del doble, unas 151 pesetas. Al cabo del año, son los onubenses los que más dinero invierten en este elemento, alrededor de 14.500 pesetas, cuatro veces más que el gasto medio anual de un jiennense, cifrado en 3.500 pesetas. En el consumo también se aprecian notables diferencias, siendo los onubenses los que lideran este apartado (123 metros cúbicos / habitante / año) y los jiennenses, una vez más, los que cierran la clasificación (41 metros cúbicos). Ambas cifras se alejan bastante del consumo medio de un andaluz, establecido en 77 metros cúbicos.

Éstos son algunos de los llamativos desequilibrios que se manifiestan en el suministro de agua potable en Andalucía, cuestión que ha sido analizada por la Cámara de Cuentas en un concienzudo informe de fiscalización. El objetivo final de este trabajo, como se indica en el documento de síntesis, es 'aportar datos y formular algunas sugerencias que aviven una reflexión sobre la gestión y el uso del agua en Andalucía', considerándolo como un elemento 'escaso, limitado y fácilmente deteriorable'.

Siendo un recurso vital, inquieta, sobre todo, el despilfarro registrado tanto en los consumos urbanos como en los agrícolas, sin que los periodos de intensa sequía hayan servido para modificar esta situación. Así, y durante 1999, las pérdidas de agua potable, o volúmenes no facturados, en redes de distribución urbana supusieron, como valor medio en Andalucía, el 29%. Jaén es la provincia que mayor volumen de agua deja sin facturar, alcanzando el 40% sobre el total de líquido que entra en los depósitos municipales. Sevilla, por el contrario, es la provincia que menos pérdidas registra, con un 19%.

Lo elevado de estos porcentajes se debe, en parte, a que los consumos públicos de agua, destinados, por ejemplo, a riego de jardines, dotación de fuentes o baldeo de calles, no se miden por contador ni están aforados, por lo que carecen de contrato de suministro, a pesar de que existe una exigencia normativa en este sentido. A juicio de la Cámara de Cuentas, esta irregularidad ocasiona, por un lado, 'un escaso control de los usos públicos y, en numerosas ocasiones, consumos excesivos y, por otro, que estos consumos se contabilicen como fugas o pérdidas, repercutiendo sus costes en todos los ciudadanos'.

Los sistemas de control y cobro arrastran deficiencias que también causan perjuicios a los usuarios. El buen funcionamiento de contadores y aparatos de medida raramente se comprueba, ni siquiera, como exige la ley, cuando hay un cambio en la titularidad del suministro.

En lo que se refiere al consumo agrícola, la Cámara de Cuentas insiste en un dato ya conocido: el 80% de la demanda total de recursos hídricos en Andalucía está orientada a este sector. En contraste con los precios que se pagan en el suministro urbano, un agricultor apenas abona, como media, 6,4 pesetas por cada metro cúbico consumido, lo que supone unos gastos que rondan las 30.000 pesetas por hectárea regada.

'Una política hidráulica que oferte nuevos recursos hídricos a bajo coste económico', precisa el documento, 'genera una mayor demanda de agua para riego, por lo que sería necesario modificar el modelo tarifario, haciendo que la facturación se realice por volumen, por tramos de consumo, y su cuantía esté en función directa de la garantía de suministro'. En definitiva, la Cámara de Cuentas, al igual que otros organismos, se inclina por valorar económicamente el agua destinada a la agricultura, de manera que, paulatinamente, se traslade su coste real a los regantes, o bien se establezca un precio que fomente la gestión eficiente de este recurso en el sector primario.

En Andalucía sólo el 53% de las redes de distribución de agua para fines agrícolas se encuentra en buen estado. En la provincia de Granada, por ejemplo, el 50% de este tipo de canalizaciones presenta importantes deficiencias, lo que ocasiona la pérdida de grandes cantidades de agua. Por el contrario, las provincias de Jaén y Huelva son las más eficientes en este apartado, ya que el 70% de sus redes de distribución obtiene buenas calificaciones.

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