Rambla endurece la justificación de la formación para frenar corruptelas

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo endurecerá los requisitos documentales para evitar más escándalos en la gestión de las subvenciones públicas que se destinan a formación profesional no reglada (ocupacional y continua). Este departamento ha ampliado en la Orden de 15 de junio de 2001, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, la documentación justificativa de las subvenciones concedidas dentro del Programa de Formación Profesional Ocupacional, el Programa de Talleres de Formación e Inserción Laboral y el Programa de Formación Profesional Continua. Un juzgado de lo social de Valencia confirmó hace unas semanas la práctica de algunas academias que impartían formación con fondos del Consell, de justificar el pago a los profesores por unas cantidades más elevadas de lo que realmente cobraban los docentes. La consejería no ha resuelto todavía su investigación.

Ante la proliferación de casos, los centros beneficiarios de subvenciones públicas a la formación deberán añadir a la liquidación de sus gastos los resguardos acreditativos de las transferencias bancarias efectuadas por estos centros a los profesores contratados, de modo que se compruebe que estas cantidades han sido realmente abonadas.

Según Vicente Rambla, titular de Empleo, 'la Orden ahora publicada refleja el interés del Consell por la transparencia de todas las ayudas y subvenciones gestionadas'. Para este ejercicio, el presupuesto inicial destinado a la formación profesional asciende a 21.807 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 2% respecto a las cantidades destinadas en el año 2000, y viene a confirmar el firme apoyo del Gobierno Valenciano a las políticas de formación desarrolladas en esta Comunidad'.