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Columna
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Privilegios

El Tribunal Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba. Esta declaración no debería tener la mayor importancia. Cualquier juez que se precie ha dictado más de una sentencia que ha sido declarada nula por un tribunal superior. Sin embargo, en esta ocasión, la tiene. No porque haya sido dictada por tres magistrados (un magistrado es más que un juez), sino por las razones de la nulidad. La sentencia carece de todo razonamimento y hay ausencia de hechos, dice el TS. Pues bien, a pesar de estas ausencias -son más que las de Martínez al Parlamento-, al acusado le condenaron a cinco años de prisión.

Eso no está bien. Menos bien está que el TS diga: señores, hay que poner otra, pero en la nueva hagan el favor de razonar y decir lo que ha sucedido. Estupendo, la haces, no la pagas y te dan la oportunidad de volver a hacerla. Para entendernos, si es que no está claro, un comparativo. Si un trabajador -no es ilustrísimo- mete la pata en su trabajo, se le despide y los jueces dicen amén. El sistema judicial, por lo que se ve, es diferente. Los jueces meten la gamba y el cocinero mayor les entrega de nuevo mariscos para que hagan el arroz. Si la cosa es muy gorda se indulta.

Si eres ministro, todavía mejor. Ahí está Piqué, arropado por el fiscal Cardenal, su grupo político y con entrevista en televisión. El fiscal no quiere imputarle. Su grupo político abandona sus anteriores declaraciones sobre responsabilidades políticas y penales y el ministro sale en televisión para contarnos, y que nos lo creamos, lo mal que lo pasó cuando no pudo pagar la nómina de los trabajadores de Ercros. Si el ministro es de Agricultura, las vacas se vuelven traviesas y los cerdos con peste, puede que termine en otro programa y nos explique que hay que rezar más a San Antón.

En fin, más de lo mismo: irresponsabilidad en los actos judiciales, políticos y de gobierno.

Tal vez por éstas y muchas más razones haya echado de menos en los recientes debates una apuesta de todos los grupos políticos para exigir responsabilidad, sin ampararse en trabas, en corporativismos o en afinidades políticas que disfracen, o impidan, algo tan sencillo como que cada persona sea responsable de sus actos. Sin privilegios.

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