El Institut Interuniversitari urge a la Acadèmia a que reconozca la normativa ya consolidada

La declaración empieza reafirmando el carácter político de la constitución de la AVL, iniciada 'al margen de las instancias universitarias, con la intención de resolver el conflicto político sobre la identiddad y la regulación normativa del valenciano'. A continuación, asevera que la composición de la Acadèmia 'incumple los requisitos de la ley de creación, según los cuales al menos dos tercios de sus miembros tenían que tener una 'competencia científica acreditada''. Uno de los asistentes diferenció entre esta fórmula incluida en la ley y la consideración 'unitarista' de la lengua.

El tercer punto hace hincapié en que los seis miembros del IIFV designados académicos no 'representan institucionalmente' al Institut. El siguiente recuerda que 'la extensión social del valencianos se ha hecho a partir de la normativa lingüística unitaria', por lo que reclama que la AVL reconozca esa normativa.

El quinto punto indica que la AVL, 'como expresión de normalidad cultural, habría de colaborar de manera permanente con el resto de instituciones filológicas y académicas del ámbito lingüístico catalán'. A continación, la declaración señala que el IIFV, de acuerdo con las funciones que tiene encomendadas, proseguirá la investigación científica, impulsará la labor normativizadora y ofrecerá, si corresponde, su colaboración científica y técnica al nuevo ente académico'. Por último, el Institut 'pide que se hagan realidad las medidas de promoción efectiva del uso social e institucional del valenciano contenidos en el pacto por la lengua'.

La reunión tenía también como objetivo renovar los órganos directivos del IIFV, pero la decisión se postergó. De esta manera quedó pendiente la sustitución del actual director del IIFV, Antoni Ferrando, que ha agotado su mandato. Rafael Alemany era el único candidato a la sucesión. Los tres directivos electos de las sedes universitarias del IIFV, Alemany (Universidad de Alicante), Ferrando (Universidad de Valencia), ambos acadèmicos, y Lluís Gimeno (Jaime I de Castellón), pusieron sus cargos a disposición del Consell General.