Liberalización de los mercados energéticos

La liberalización de los mercados energéticos es un proceso decisivo en el que actualmente se encuentran inmersos, en mayor o menor medida, todos los países de la Comunidad Europea. Se trata de un complejo proceso de profundos cambios en este sector, con nuevas reglas de juego que deben ser tenidas en cuenta, por parte de todos los agentes implicados, para garantizar y mejorar el suministro de gas y electricidad. Éste ha sido el debate que ha centrado la jornada que sobre liberalización de los mercados energéticos han celebrado esta semana la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y la Confederación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (CEPYMEV), y en la que han participado destacados representantes de las instituciones que intervienen directamente en este proceso, como son la Comisión Nacional de la Energía, la Consejería de Industria y Comercio, el Impiva y la empresa Iberdrola.

La liberalización de los mercados energéticos ha obligado a los diferentes países europeos a realizar profundas reformas jurídicas que aseguren el éxito de la apertura. Sin embargo, y aunque la liberalización de los mercados energéticos es una aventura común europea, los esfuerzos marcan diferencias en cada país. Así, teniendo en cuenta que las directivas europeas 96/92/CE y 98/30/CE sobre normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y del gas natural exigen a los estados miembro unas aperturas mínimas a la competencia -que no implica un acceso real de cualquier consumidor- del 30% para la electricidad y del 20% para el gas, hay países, como el Reino Unido y Alemania con un 100% de liberalización tanto en el mercado eléctrico como en el gasístico, frente a otros como Francia, más reticente y conservadora, que resuelve el expediente cumpliendo el mínimo exigido en ambos mercados. Entre estos dos extremos se sitúan el resto de los países de la Unión: Italia con un 35% para el mercado eléctrico y un 96% para el gasístico, Suecia con un 100% y un 47%, respectivamente, Finlandia un 100 % y un 90%, Dinamarca un 90% y un 30%, y Grecia y Portugal que con un 30% en el sector de la electricidad, apenas han comenzado la liberalización de su sector gasístico. En conjunto, la media europea se sitúa en el 66% para la electricidad y el 79% para el gas. En el caso de nuestro país, la experiencia sobre la aplicación de las directivas es muy positiva pues la decidida apuesta del gobierno español por la liberalización total de los mercados energéticos sitúa nuestra apertura en el 54% para el sector eléctrico y el 72% en el gasístico en el año 2000.

En España, la liberalización, tanto en el gas como en la electricidad, será total en el año 2003. Sin duda, esta aceleración de la apertura total de los mercados a la libre competencia supone un gran reto para las empresas suministradoras de energía que han realizado importantes inversiones con una previsión de liberalización que se ha visto acortada. En contrapartida, la aceptación y adaptación al nuevo escenario hará que estas empresas sean más competitivas en los mercados internacionales. Dado el carácter estratégico de estas empresas, sería deseable que las entidades financieras valencianas invirtieran en las mismas con el fin de adquirir el suficiente peso que les permita participar en su toma de decisiones.

Nuestra sociedad demanda progresivamente mayores cantidades de energía para satisfacer las necesidades de sus procesos productivos -especialmente en la industria y el turismo- así como para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este crecimiento del consumo energético debería llevar a las diferentes compañías suministradoras de gas y electricidad a aumentar sus infraestructuras para garantizar el suministro energético y dar respuesta a esta creciente demanda.

En la Comunidad Valenciana se viene realizando, tal y como ha señalado la Comisión Nacional de la Energía, un importante esfuerzo de inversión en el sector gasístico, impulsado, fundamentalmente, por el Plan de Gasificación que ha puesto en marcha la Generalitat.

En lo que se refiere al sector eléctrico, no parece que la generación eléctrica vaya a convertirse en un problema a corto o medio plazo en nuestra Comunidad, aunque urge instrumentar sistemas que garanticen el suministro de electricidad, que no debemos olvidar que se trata de un asunto de interés general. Para ello, debemos tener en cuenta la opinión de todas las partes interesadas: interlocutores sociales, productores de electricidad, gestores de la red de transporte, distribuidores, consumidores, etc. y demandar a las administraciones locales, en garantía de este interés general, un compromiso para autorizar el paso de los tendidos eléctricos por su territorio.

Para terminar, quisiera referirme brevemente a la producción de energía de origen renovable. La Tercera Cumbre Mundial del Clima celebrada en la ciudad japonesa de Kioto en diciembre de 1997, reunió representantes de Estados de todo el mundo para debatir los compromisos a adoptar en la limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La importancia de las energías renovables fue remarcada, igualmente, en el protocolo de la cumbre y los países firmantes fueron invitados a promover, estudiar, desarrollar y aumentar la utilización de formas nuevas y renovables de energía como instrumento esencial que limite la emisión de gases que provocan este efecto invernadero. En este sentido, cabe destacar que la Comunidad Valenciana superará con creces los mínimos exigidos por la UE en cuanto a la utilización de energías renovables; mientras que la UE fija este mínimo en un 12% para el año 2010, en la Comunidad Valenciana, la puesta en marcha de actuaciones como el Plan Eólico, permitirá incrementar este porcentaje hasta el 30%.

En definitiva, la Comunidad Valenciana camina a buen ritmo en el proceso de liberalización energética y ocupa un lugar destacado en el contexto nacional en lo que respecta a la utilización de las energías renovables. Que el suministro energético esté garantizado para todas las empresas y ciudadanos de la Comunidad es una responsabilidad de todos, especialmente de aquellos que tienen la obligación de autorizar nuestra red de infraestructuras energéticas.

Pedro Coca Castaño es secretario general de la Confederación Empresarial Valenciana.