Barreras arquitectónicas

El pasado lunes 11 de junio leo en este diario la tercera noticia en los últimos tiempos sobre el problema de la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios de vecinos y el papel jugado por la Confederación Andaluza de Minusválidos Físicos (CAMF). Me gustaría hacer las siguientes observaciones.

1. Vaya por delante mi total coincidencia en el problema de fondo con respecto a que la posibilidad legal de oposición de unos vecinos a la instalación de rampas o análogos en edificios privados atenta directamente contra el derecho constitucional de igualdad y las libertades de residencia y de circulación.

2. También coincido con mi buen amigo Gonzalo Rivas en la urgente necesidad de modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite actualmente a un grupo de vecinos prohibir a otro discapacitado el disfrute de derechos constitucionales legítimos y, por tanto, la necesidad de que se establezca una normativa que, invirtiendo los términos legales vigentes, permita la instalación de rampas, salvo circunstancias muy excepcionales, como la afectación a la estructura del edificio, la imposibilidad física o la tenencia por el discapacitado de vivienda análoga a la litigiosa.

3. Donde surge mi discrepancia con la CAMF es en esa idea, demasiado acentuada en asociaciones de discapacitados, de que los problemas nos los tienen que resolver los demás. Tanto la CAMF como la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (Cocemfe) pudieron presentar los recursos oportunos, una vez se publicó la ley en el BOE, para acabar, si fuera necesario, recurriendo en amparo ante el Tribunal Constitucional y no lo hicieron. Igualmente pudieron solicitar al Defensor del Pueblo Español que presentara recurso de inconstitucionalidad y tampoco lo hicieron (se dirigieron al autonómico, sin competencias en esta materia).

4. Esta falta de actuaciones judiciales en este caso, como en algunos otros, puede ser negativa porque genera la sensación de pasividad que en muchos discapacitados puede no ser bien entendida o, lo que es más importante, muy difícil de explicar.

5. Entre las muchas asignaturas pendientes que tiene todavía el movimiento asociativo de los discapacitados está la asunción de su naturaleza reivindicativa en todos los terrenos, incluido el judicial, vía que en un Estado de derecho debe ser perfectamente compatible con la negociación paralela y con la obligación de los poderes públicos de ayudar a dichos colectivos.