Vizcaya reconoce que la llegada masiva de menores inmigrantes le ha desbordado

La Diputación de Vizcaya alerta sobre la llegada masiva de menores inmigrantes solos a Bilbao que ya ha desbordado sus previsiones de atención y ha puesto en situación de 'riesgo' al centro de Loiu, que les acoge. Si en mayo pasado llegó a haber 73 jóvenes, en lo que lleva transcurrido de mes la cifra de incorporaciones es de 21, lo que supone que actualmente residan en el lugar más de 90. El número adecuado para poder seguir el programa educativo de la Diputación es de 30.

Esta concentración unida a la existencia de un grupo con altos índices de agresividad ha propiciado el incremento de conflictos, llegando a rozar comportamientos delictivos. Ricardo Ansotegi, diputado general en Vizcaya, y Enrique Menéndez, subdelegado de Gobierno, se reúnen esta semana para estudiar posibilidad de repatriar a algunos menores.

'No hay condiciones para atenderles como se proyectaba. Sólo podemos darles cama y comida. El programa de atención que teníamos se acabó' reconoce Rafa San Pedro, responsable de los centros de acogida de Diputación de Vizcaya. Carlos Sagardoy, director de la residencia de Loiu, donde son trasladados los menores que llegan a la capital vizcaína, está de acuerdo. 'Con tanta concentración, que se incrementa continuamente, no podemos aplicar los programas'.

Sagardoy reconoce la dificultad de hacer frente a un colectivo 'en edad difícil, desarraigado, sin referencias', y que llega, en su gran mayoría, desde Marruecos, exigiendo papeles y trabajo. Sin embargo, sostiene que muchos de los problemas se paliarían si descendiera el número de acogidos. 'Hay un grupo de 36 que sigue bien el proceso, con el resto es complicado. Esperamos que cuando se marchen unos 30 a finales de mes al centro de Orduña, la situación mejore. Entonces, podremos trabajar con grupos pequeños. Ahora se desvirtúa todo'.

Se da la circunstancia de que casi el 70% de los extranjeros que asegura ser menor de edad no lo es. La Diputación estudia esta situación y plantea la posibilidad de que otras instituciones participen en la búsqueda de soluciones. 'Hay un convenio entre el Gobierno de Marruecos y España para estos casos. Un día de estos se abre el Consulado de Marruecos en Burgos; creemos que puede ayudar. De momento vamos a hablar con el subdelegado [del Gobierno central] en Vizcaya', explica San Pedro.

El educador y el técnico afirman que, aunque no se confiesa abiertamente, la sociedad tiene temor y rechazo hacia esos menores. 'La situación es complicada: existe la obligación legal de acogerles y las consecuencias de no hacerlo y dejarles en la marginación son graves. Sin embargo, nos preocupa que la sociedad se alarme y dificulte la apertura de centros', concluyen.