Andalucía sitúa en 760.000 millones la deuda que debe pagar el Gobierno
El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, anunció ayer que si el Gobierno de la nación reconoce en el nuevo modelo de financiación autonómica el censo real de Andalucía y la deuda contraída con la comunidad andaluza 'se darán pasos determinantes para que la Junta de Andalucía retire el recurso de inconstitucionalidad' que interpuso contra el sistema de financiación en vigor. En una rueda de prensa en Málaga, Zarrías cifró en 760.000 millones de pesetas la deuda contraída por el Gobierno con Andalucía y aseguró que el reconocimiento del censo real de la comunidad andaluza 'es una condición irrenunciable' para el acuerdo entre la Junta y el Gobierno central sobre el futuro modelo de financiación. Zarrías añadió que se alegra de la 'rectificación' del Ejecutivo, si bien añadió que espera que no haya 'trampas' porque 'la Junta no va a renunciar a los fondos que ha perdido por haber sido incumplida la ley'.
Por su parte, la portavoz del PSOE de Extremadura, Lola Pallero, reclamó ayer al Gobierno que 'ponga el contador a cero' antes de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, lo que debería traducirse, según ella, en el pago del 2% pendiente de liquidar a Extremadura, y que supone para esa región un ingreso de 40.000 millones de pesetas. Al término de una reunión del consejo político permanente del PSOE extremeño, Pallero pidió al Gobierno que negocie un modelo que garantice la 'suficiencia financiera' para Extremadura, que sea 'estable', 'flexible ante las circunstancias de las comunidades autónomas' y que, en el caso concreto de esa región, considere las transferencias pendientes.
De otro lado, el dirigente de Uniò Democrática de Catalunya, Josep Antoni Duran Lleida, señaló que 'no sería un signo positivo' del buen camino de las negociaciones con el Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación que la cesión de los impuestos especiales no incluya capacidad normativa, algo a lo que CiU no renuncia, como ya ha indicado el conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas.
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